Sin rendirse. El president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig han presentado un recurso de reforma contra la negativa del magistrado Julián Sánchez Melgar de aceptar la recusación del instructor de la causa independentista, Pablo Llarena, así como del presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y de cuatro jueces más que juzgaron y condenaron a los independentistas catalanes por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, en octubre de 2019. Consideran que "no son imparciales". Además, también mantienen la recusación del magistrado encargado de analizar las recusaciones, Sánchez Melgar, por "vulnerar el derecho de defensa" y "haber sido acusación en la causa del procés", cuando era fiscal general del Estado, y por haberse pronunciado sobre el caso.
En concreto, la semana pasada, el juez inadmitió la petición del president y de los exconsellers en el exilio contra los magistrados Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García y Ana María Ferrer García, además del instructor de la causa, Pablo Llarena, por su falta de imparcialidad. Para Melgar, los argumentos de los políticos catalanes eran "arbitrarios, abusivos y con defectos formales".
Razonamientos
En el recurso de los políticos catalanes, su abogado, el penalista Gonzalo Boye, critica a Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado, por "desconocer la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea", al afirmar que el hecho de que "el juez Llarena aceptara una distinción ofrecida por una organización de extrema derecha por su persecución política por la vía penal (el gobierno catalán) contra los recurrentes, no ofrezca dudas sobre su imparcialidad". Además, calificó el derecho de recusación de los políticos de una "estrategia de demonización".
Ante esta respuesta, Boye también mantiene la recusación Sánchez Melgar por "su menosprecio manifiesto por el derecho de defensa, la asistencia letrada y el juez imparcial" y por eso indica que no puede resolver nada de la causa especial 20907/2017. En concreto, le recuerda que cuando era fiscal manifestó a los medios de comunicación que encontraba "gratificante" la reactivación de la justicia alemana por la euroorden a Puigdemont. "No se puede ser juez y parte", le recuerda Boye al juez, tal como ha "insistido" la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En las alegaciones, la defensa también rectifica al magistrado de la pieza separada sobre las recusaciones y le aclara que una persona sometida a una orden de detención europea, como los cuatro políticos catalanes, "sí que tienen derecho a recusar", ya que están representados en el procedimiento, aunque el juez Llarena le costó aceptarlos. "Hace cuatro años que están", le recuerda a Sánchez Melgar.
Aparte, Boye recuerda que el juez instructor de la causa principal, Pablo Llarena, ha preguntado al tribunal europeo que aclare el alcance de las euroórdenes y la colaboración entre países, relacionada con la entrega de Puigdemont, que está pendiente de respuesta.