Si antiguamente los periodistas tenían que tener un croquis sobre los ministros del gobierno español o sobre los consellers de la Generalitat para no confundirse y publicar siempre bien su nombre completo y su cargo exacto, ahora este nomenclátor ha mutado y lo que hay que saber es el nombre de los jueces del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y los correspondientes fiscales de las diferentes instancias judiciales, parajudiciales o, simplemente, administrativas. Ellos son los protagonistas diarios de la información política en ese embate planteado contra el independentismo catalán. Este es el gran legado que ha dejado el deep state español a Pedro Sánchez después de siete años de gobierno popular en la Moncloa y un sinfín de complicidades entre el PP y el PSOE. Los primeros, mucho más hábiles, han tejido una telaraña de intereses que no parece fácil que Sánchez pueda llegar a desmontar con el tiempo, si es que realmente así lo quiere, cosa que con el presidente nunca se sabe.

De entre todos ellos, el más chisposo suele ser el juez Pablo Llarena, aquel de las euroórdenes de ida y vuelta contra Puigdemont, Comín y Ponsatí, que lleva mucho tiempo intentando que se le haga caso en Bélgica, Alemania, Reino Unido y, de nuevo, Bélgica, con poco resultado hasta la fecha. El último invento de Llarena ha sido intentar convencer a los ingleses de que debían impedir la salida de la consellera Clara Ponsatí, que acaba de acceder al Europarlamento ocupando uno de los escaños que ha dejado vacante el Reino Unido por el Brexit. Así, tenía que ser retenida en suelo británico, ya que si viajaba a Bruselas podría instalarse en Bélgica o cualquier otro país de la UE y gozaría de inmunidad parlamentaria. El juez escocés que sigue la causa no parece que haya sido sensible a la jugada maestra de Llarena y su petición de que valorara reforzar las medidas cautelares para evitar su salida a otro países. Y Ponsatí se presentó como si tal cosa este martes en la capital comunitaria.

Un día se hará un memorándum de las derrotas de la justicia española en Europa y de cómo no han colado casi ninguna de las triquiñuelas de sus tribunales. Obviamente, es más fácil utilizar los trucos en España, donde acaban siendo juez y parte. Estamos asistiendo al juicio del major Trapero en la Audiencia Nacional y, en algunos aspectos, viene a ser una réplica de sesiones que ya vivimos en el Tribunal Supremo con el juicio del procés. La defensa de Trapero está haciendo un trabajo impecable para demostrar la inconsistencia de muchas de las pruebas contra el ex responsable de la policía autonómica catalana y que no existía connivencia entre los Mossos d'Esquadra y el Govern. Pero como en el anterior juicio, uno tiene la impresión de que hay poco terreno a recorrer ya que la sedición va en el lote de la condena porque así está previamente escrito.

Parece, en general, más importante mantener vivo en el españolismo el prietas las filas que tratar de desinflamar un conflicto y desjudicializar la vida política. Así, un día es Trapero, otro Ponsatí, cualquier otro exiliado o alguno de los presos políticos, o si no siempre estará el president Torra para apartarlo d esu cargo o volver a mirar por enésima vez el 9-N o los gastos del referéndum. Lo importante para la justicia parece ser, sobre todo, que esta rueda gire y gire y no se detenga.