A raíz de la emisión del documental Et faran un home en TV3, donde se pusieron de manifiesto los abusos a miles de jóvenes catalanes que hicieron el servicio militar durante los años ochenta y noventa, ERC ha instado al gobierno español a abrir una investigación "exhaustiva e independiente" sobre las vejaciones, maltratos y acosos. Esta propuesta salió adelante este jueves en la Comisión de Defensa del Congreso, con el voto a favor del PSOE, mientras que PP y Vox se han abstenido. Durante la comisión, el diputado republicano encargado de defender la propuesta, Francesc-Marc Álvaro, destacó que estas situaciones tuvieron lugar en "plena democracia". "ERC preguntó al gobierno sobre las acciones iniciadas para investigar los casos y la respuesta fue decepcionante, porque afirmó no tener constancia de los hechos relatados en el documental y desvinculaba cualquier gestión al respecto, alegando que se produjeron en el pasado", ha recordado Álvaro, destacando que con la proposición de ley el objetivo es "instar al ejecutivo español a reconocer y reparar unos abusos documentados". 

"El ministerio de Defensa ha calculado que entre los años 1983 y 20011 hubo más de 300 suicidios documentados en las fuerzas armadas", ha recordado el diputado en comisión, anunciando que el próximo mes de enero, TV3 emitirá un documental a raíz de las denuncias que familiares hicieron después de haber hecho el documental. A pesar de votar a favor de instar al gobierno español a abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre estos casos, se han opuesto a los otros dos puntos de la iniciativa: un reconocimiento público de las víctimas y la identificación de los responsables y establecer mecanismos de reparación moral y económica. 

Hace casi un año de la emisión del documental y de que ERC preguntara por primera vez al gobierno español sobre esta cuestión. Entonces, los republicanos alertaron de que muchos de los delitos que se recogen "pueden estar prescritos", y que el gobierno debía indicar qué pasos pueden seguir las víctimas para garantizar la justicia. Así, aseguraban que estos episodios representan "un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral y simbólica hacia las víctimas", desde el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la memoria democrática, y consideraban imprescindible abordar esta cuestión para evitar la repetición de los hechos y garantizar "la dignidad de las personas no quede en el olvido".