El PSOE y Sumar han llegado a un pacto para que el nuevo decreto de vivienda incluya, otra vez, una prórroga para los contratos de alquiler de dos años más. Así lo confirman fuentes de ambas formaciones, y será la segunda vez que el Gobierno intenta sacar adelante esta medida. Según trasladan los sumaritas, el nuevo real decreto ley incorpora una prórroga que podrán solicitar los inquilinos que tengan contratos con vencimiento hasta el 30 de junio de 2028. Según los cálculos de esta formación política, esta ampliación del plazo suma casi un millón de personas potencialmente beneficiarias respecto a la medida anterior, que establecía el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda —en manos del PSOE— destacan que la medida forma parte de un texto pactado dentro del Gobierno que ahora habrá que remitir a los grupos parlamentarios, con el fin de estudiar qué apoyos podría tener cuando el decreto se tenga que convalidar en el Congreso de los Diputados. La formación más difícil de convencer es Junts per Catalunya, que ya sumó hace meses sus votos a PP y Vox para tumbar la anterior prórroga. Desde el ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que mantendrán la discreción sobre el contenido de un texto que será "amplio, ambicioso" y que incluirá soluciones estructurales para el problema de la vivienda. Así, explican que el texto incorporará propuestas ya defendidas por las diferentes fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados.
Según el Ministerio, las medidas se estructurarán en dos grandes bloques. El primero incluye medidas para bajar el precio del alquiler, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, entre las que se encuentran la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos, la obligatoriedad de que los contratos se formalicen por escrito y bonificaciones en el IRPF para quien baje el precio del alquiler. El segundo bloque recoge medidas para movilizar vivienda asequible, como el incremento del IVA para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa. Fuentes de Sumar también detallan que se pretende endurecer el régimen sancionador sobre su publicidad en las plataformas, con medidas orientadas a desincentivar el alquiler turístico.
El decreto incorpora igualmente una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y que ningún hogar quede sin alternativa residencial. Ni el Ministerio ni Sumar concretan, de momento, cuándo se prevé llevar el texto al Consejo de Ministros ni qué calendario se marca el Gobierno para iniciar las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios.
Las propuestas de Junts
Junts per Catalunya ya hizo público cuáles eran sus exigencias para combatir la crisis de la vivienda. En primer lugar, proponen una deducción del 15% en el IRPF por la compra de vivienda habitual, así como a las viviendas destinadas a alquiler habitual. Además, los puigdemontistas plantean incentivar el ahorro previo con una deducción del 15% sobre las cantidades depositadas en cuentas específicas destinadas a la primera compra o rehabilitación de vivienda. Estas aportaciones deberían materializarse en un plazo máximo de cuatro años, o bien se perdería el beneficio fiscal.
Junts también propone introducir un nuevo artículo en el Código Civil que permitiría a los deudores hipotecarios extinguir su deuda cuando esta haya sido vendida a un tercero —como fondos de inversión—, pagando el precio real de cesión del crédito más intereses y gastos. Esta medida pretende corregir situaciones en que los créditos se venden en paquetes con descuentos significativos, pero los deudores continúan respondiendo por el valor nominal completo.
Los juntaires se abren a aprobar la prórroga de los alquileres, pero con matices: que solo se pueda aplicar si los inquilinos están al corriente de pago, así como la posibilidad de que el propietario recupere la vivienda por necesidad propia o familiar, aunque esta cláusula no conste en el contrato original. Además, defiende que los precios se actualicen de acuerdo con el índice de referencia para la actualización de contratos de alquiler (IRAV), impulsado por el propio Gobierno, y quiere evitar que los grandes tenedores puedan esquivar los límites de precios en zonas tensionadas mediante prórrogas contractuales.