La ley de amnistía para los presos y represaliados políticos ni siquiera podrá ser debatida en el Congreso de los Diputados. Ahora hace una semana, acompañados de entidades como Òmnium y Amnistia i Llibertat, la norma era registrada en la cámara baja por ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP. Pero este martes la Mesa del Parlamento español ni siquiera la ha admitido a trámite, según confirman fuentes parlamentarias. La pinza del PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox ha impedido que salga adelante argumentando su supuesta inconstitucionalidad. Unidas Podemos se ha vuelto a quedar solo votando a favor de su tramitación. Los partidos independentistas ya han anunciado que van a presentar una petición de reconsideración de la decisión, aunque no confían en ello.
El informe de los letrados ha servido para allanar el camino a los socialistas, que ya habían reiterado su oposición. Los servicios jurídicos argumentaban que "de un examen preliminar se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". El artículo 62.1 de la Constitución española establece que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales,"
De hecho, es lo mismo que argumentó el PSOE para rechazar la iniciativa antes incluso de que se registrara en el Congreso. Lo hizo la semana pasada el secretario de organización y ministro José Luis Ábalos, que reiteró su posición "en contra de la figura de la amnistía", por su carácter genérico. Como mucho, hay "casos particulares" que se pueden resolver con la legalidad, como por ejemplo los indultos. A pesar de eso, esta vía sigue congelada por La Moncloa, aunque haya pasado el 14-F.
Rufián: "La Mesa se convierte en un mini TC"
Los partidos independentistas han cargado con dureza contra la decisión. Desde la sala de prensa, Gabriel Rufián lo ha calificado de una "terrible noticia para la democracia", advirtiendo que es un "precedente peligroso que ni siquiera se pueda debatir". El portavoz de ERC en el Congreso ha acusado al PSOE, el PP y Vox de "convertir la Mesa en una especie de mini Tribunal Constitucional", mientras permiten el debate de "salvajadas" de la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, seguirán batallando. "No tienen suficientes letrados ni diputados de Vox para frenarlo", ha remachado el dirigente republicano.
Vehí: "Se pueden amnistiar corruptos"
En la misma línea, Mireia Vehí ha denunciado que se "prohíba el debate" de la ley de amnistía y ha lamentado que el PSOE se haya alineado con el PP y Vox argumentando que es inconstitucional. No sólo ha recordado la amnistía del 77, sino también las tres amnistías fiscales, con apoyo del Tribunal Constitucional. "Se puede amnistiar a corruptos y gente que blanquea dinero pero no a gente que ha puesto urnas", ha contrapuesto la diputada de la CUP.
Nogueras: "La vía del diálogo es una vía muerta"
Por su parte, Míriam Nogueras ha constatado que "no hay ninguna voluntad de resolver el conflicto político" por parte del Gobierno. La portavoz de Junts ha sacado dos conclusiones: "Hay una mayoría española para excluir" y que "la vía del diálogo es una vía muerta". Por ello ha reclamado a ERC —en referencia a ellos como "socios de investidura y presupuestos"— que haga un "ejercicio de honestidad y deje de hacer creer que esta vía de diálogo es posible". Ha denunciado que Podemos está siendo "cómplice" de los socialistas.
Inspirada en la del 77
La ley de amnistía registrada por el independentismo tomaba como referencia a la española del 77, pero también otras europeas, como en Francia en el proceso de descolonización de Argelia. El primer artículo dejaba claro el alcance: "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley". Y delimitaba: "Se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". Ponían el foco tanto en la consulta del 9-N del 2014 como en el referéndum del 1-O del 2017.
En la amnistía quedaban comprendidos los delitos de rebelión y sedición, los de orden público, los de prevaricación, falsedad, malversación, desobediencia o revelación de secreto, y los "actos de expresión y opinión" a través de varias plataformas. En cambio, quedaban fuera los policías encausados por la represión policial.