Los grupos parlamentarios del PSC, Junts per Catalunya, Comuns y la CUP en el Parlament de Catalunya han registrado este jueves la proposición de ley sobre el taxi, que busca expulsar los vehículos de transporte en conductor (VTC) del área metropolitana de Barcelona. De hecho, se trata de una propuesta elaborada piel Govern de la Generalitat y que ya se inició en la anterior legislatura bajo el nombre de Ley del transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, restringe al máximo la actividad de las VTC al vetar que lleven a cabo trayectos urbanos que, de hecho, quedará como exclusivo para los taxis.

Uno de los puntos de fricción de esta ley es la lengua catalana. Y es que el redactado propone que el nivel B1 sea uno de los requisitos para ser conductor de taxi, mientras que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP optan para que el requisito sea el B2. Por eso, ya han anunciado que presentarán enmiendas, ya que el actual redactado es un punto de partida para que inicie su trámite en la cámara catalana. De hecho, Èlite Taxi, el sindicato de los taxis, ya ha hecho un llamamiento para que los taxistas aprendan la lengua catalana.

El diputado del PSC José Ignacio Aparicio ha destacado que el texto lo hayan registrado cinco grupos, y que buscan regular el sector para dar un "mejor servicio" a la ciudadanía. Además, ha pronosticado que la ley entre en funcionamiento durante el 2026. Por su parte, el diputado de Junts Salvador Vergés ha explicado que han firmado el pacto por "responsabilidad de país" y que, durante el proceso parlamentario, buscará seguridad jurídica para cumplir con el principio de libre competencia de la Unión Europea. a. "Es muy importante acompañar de una manera adecuada las 4.000 licencias de VTC y, por lo tanto, las 6.000 personas, las 6.000 familias que viven," ha asegurado Vergés, que también pide digitalizar el sector.

Jordi Albert (ERC) ha subrayado que hay que arreglar el ámbito de la movilidad, y tener en cuenta que el taxi es un servicio público. Y también ha apostado por hacer mejoras durante la ponencia del texto. Para Lluís Mijoler (Comuns) no es tan importante exigir un nivel u otro de catalán, sino los recursos que se destinan para garantizar y facilitar el uso de la lengua. Vega, diputada de la CUP, ha reiterado la "importancia" de que la ley sirva para acompañar a los trabajadores del sector, y mejorar tanto sus condiciones laborales como las del servicio en sí. "Y la ley lo recoge", ha celebrado la parlamentaria anticapitalista.

Tito Álvarez reivindica el consenso

A quien también ha intervenido es el portavoz d'Èlite Taxi, Tito Álvarez, que ha reivindicado el "gran consenso" que se ha conseguido con la propuesta de la nueva regulación del sector y ha agradecido la "valentía" de la cámara catalana para "poner orden". El responsable sindical ha negado que "se quiera dejar a nadie en la calle" y ha invitado los conductores de VTC de plataforma a hacerse taxistas. Álvarez ha remarcado que se necesitan "muchos trabajadores" y al mismo tiempo ha recalcado que ganarían en mejoras de condiciones laborales.

La Generalitat calcula que 600 licencias urbanas decaerán con la entrada en vigor de la ley, aunque la intención es hacer una "transición suave", y 300 más podrán seguir operando un tiempo más en cumplimiento de sentencias judiciales hasta que también expiren las licencias. El nuevo texto también incluye una plataforma de datos que mediante la geolocalización controlará que tases y VTC no cometan irregularidades.