El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la reforma de la tasa turística que prevé duplicar su importe en la ciudad de Barcelona a partir del 1 de abril. La medida ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC y Comuns, la abstención de la CUP y el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Según la nueva ley, la tasa que aplica la Generalitat en Barcelona se duplicará: en el caso de los establecimientos de lujo, llegará hasta los siete euros por noche, mientras que en los hoteles de cuatro estrellas se elevará hasta los 3,40 euros. En el resto de Catalunya, el incremento será gradual. Entre el 1 de abril y el 31 de marzo de 2027, la tarifa máxima será de 4,5 euros por noche, y a partir de entonces pasará a ser de seis euros. La norma, fruto de un acuerdo previo entre PSC, ERC y Comuns, establece que el 25% de la recaudación se destinará íntegramente a políticas de vivienda de la Generalitat. El 75% restante se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo.
Más margen para los ayuntamientos
El texto también amplía la capacidad de los municipios para aplicar recargos propios. En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento podrá incrementar el recargo máximo de cuatro a ocho euros. El consistorio ya ha aprobado un aumento progresivo de un euro anual hasta alcanzar el tope de ocho euros el año 2029. Además, la ley abre la puerta a que otros ayuntamientos puedan establecer un recargo de hasta cuatro euros, con la posibilidad de modular su importe según la zona donde se encuentre el establecimiento o la época del año.
En el caso de los cruceros, el importe de la tasa se ajusta a la baja: los pasajeros que hagan escala durante más de 12 horas abonarán 3 euros, mientras que los que estén 12 horas o menos deberán pagar 4,5 euros. A partir del 1 de abril de 2027 se aplicarán las tarifas que se habían previsto inicialmente, con algunos cambios destacados: los albergues juveniles pasarán a pagar 1 euro por estancia y las viviendas de uso turístico incrementarán la tasa hasta los 2,5 euros. Además, desaparece la exención que permitía que determinados cruceros de corta duración no tuvieran que abonar la tasa. Por otro lado, los ayuntamientos que recauden menos de 6.000 euros anuales por este concepto podrán optar por que estos ingresos se transfieran directamente al Consejo Comarcal correspondiente a través del Fondo para el Fomento del Turismo.
Durante el debate parlamentario, la diputada del PSC Susana Martínez ha defendido que la tasa turística no tiene efectos negativos en la llegada de visitantes y ha argumentado que es “de sentido común” que quien hace uso de los servicios públicos contribuya a su financiación. También ha reprochado a Junts que ahora rechace una medida que había impulsado cuando estaba en el Govern. Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha calificado la tasa de “elemento clave” y de “herramienta municipalista”, subrayando que se trata de un impuesto proporcional que permite a los ayuntamientos decidir si la aplican y que tiene en cuenta las diferentes realidades territoriales. En este sentido, ha defendido que Barcelona y el resto del país no pueden recibir el mismo tratamiento. El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha remarcado que el objetivo es que los turistas “contribuyan un poco más” ante el aumento de la presión sobre servicios como la seguridad, la limpieza o los centros sanitarios. También ha celebrado que la norma generalice la posibilidad de aplicar recargos municipales más allá de la capital catalana.
Desde la CUP, Laure Vega ha justificado la abstención afirmando que la tasa “podría haber sido más ambiciosa” y ha lamentado que no se hayan incorporado propuestas de su grupo, como medidas vinculadas a las vacaciones de los trabajadores. La formación ha reiterado la necesidad de avanzar hacia un modelo de turismo de proximidad.
Críticas de la oposición y negociaciones tensas
Junts y el PPC habían presentado enmiendas al proyecto, pero han sido rechazadas. La diputada de Junts, Maite Selva, ha criticado que la ley sea “improvisada” y que, a su parecer, “demonice” el turismo para tapar otras problemáticas como la crisis de la vivienda. También ha acusado al Govern de legislar sin tener suficientemente en cuenta las diferencias territoriales. Desde el PPC, Àngels Esteller ha expresado un “rechazo contundente” al aumento porque considera que “penaliza” el sector turístico y responde a una visión ideológica contraria al turismo. El diputado de Vox, Javier Ramírez, ha cargado contra lo que ha calificado de “turismofobia” y ha criticado que parte de la recaudación se destine a vivienda. Finalmente, la diputada de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha asegurado que la reforma es una “operación recaudatoria” que perjudica al sector y obliga a los establecimientos a actuar como recaudadores de un impuesto que, según ella, les daña.
Las negociaciones entre los socios de investidura fueron tensas. Y es que ERC se desmarcó inicialmente del acuerdo entre el Govern y los Comuns porque defendía un modelo diferenciado: quería establecer una tasa específica para la ciudad de Barcelona, teniendo en cuenta que el coste de la vida es más elevado que en el resto del país, y también planteaba distinguir entre temporada de verano y de invierno. Este desacuerdo hizo que el Parlament acabara rechazando los decretos planteados en un primer momento. A pesar de ello, en mayo la cámara acabó aprobando el decreto acordado con los Comuns, a pesar de que el Govern había asegurado al sector turístico que no se llegaría a aplicar. Ante esta contradicción, la Generalitat impulsó un nuevo decreto para dejar en suspenso el anterior, una situación que generó confusión durante unos días sobre si el incremento de la tasa entraba en vigor o no.