El vigilante de seguridad de Terrassa que quería matar a Pedro Sánchez tendrá que pasar siete años y medio en la prisión. Así lo ha sentenciado la Audiencia Nacional, que ha condenado a Manuel Murillo a raíz de unas manifestaciones a las redes sociales en el 2018. Son dos años y medio por delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por depósito de armas de guerra. También se le ha condenado a ocho años sin derecho a tenencia de armas. El tribunal no ha considerado acreditada ninguna alteración psíquica del acusado.
Durante el juicio en la Audiencia Nacional, Manuel Murillo, hijo del último alcalde franquista de Rubí, aseguradó que no eran más que "disparates" fruto de una "ensoñación de patriotismo". Explicó que se sentía un "héroe para salvar a España" e incluso "un Rambo", y justificó que escuchaba el programa del comunicador Federico Jiménez Losantos en su programa de EsRadio. "Cuando bebía salía el instinto patriótico y los sentimientos que tenía cuándo era pequeño, en tiempo de Franco," concluyó.
Según la sentencia, Manuel Murillo, estaba integrado en el grupo de WhatsApp "Terrassa por España", que a partir de junio de 2018 publicó mensajes mostrando su "absoluto desacuerdo" con la exhumación del dictador Francisco Franco. Durante estos meses y hasta su detención en septiembre de aquel año, continúa la resolución, "expresó en diferentes mensajes en este foro o privadamente su intención de acabar con el presidente del Gobierno".
"El acusado fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presidente del gobierno, y por eso se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo", argumenta el tribunal. Insiste que "cada vez con más ahínco, expresa con una fijación inquebrantable su voluntad dar fin a la vida del presidente del Gobierno".
Como detalla la sentencia, aparte de las manifestaciones, le requisaron una veintena de armas, de las cuales 13 reglamentarias y 7 prohibidas, incluyendo un fusil CETME, que es un arma de guerra.
Por una parte, la Audiencia Nacional constata la "dificultad" de un magnicidio ("y así debe ser"), hecho que sitúa los planes en lo "descabellado" y "una propuesta no creíble ni en consecuencia factible". En este sentido, admite que no había "un plan definitivamente urdido, tramado y menos todavía concluido". Pero en el otro lado de la balanza subraya "la alta peligrosidad" de Manuel Murillo al disponer de este gran arsenal de armas y "su afición desde hace muchos años por el tiro, que iba continuamente a un club a practicar."
A pesar de la declaración de Murillo durante el juicio, el tribunal descarta la alteración psíquica del acusado y rechaza eximirlo por "intoxicación etílica" y el atenuante de embriaguez por consumo de alcohol y medicamentos.