Las Corts Valencianes han aprobado este miércoles los presupuestos de la Generalitat para 2026, dotados con 33.305 millones de euros, gracias a los 53 votos del PP y Vox y con el rechazo del PSPV-PSOE y Compromís. Las primeras cuentas de Juanfran Pérez Llorca como presidente incorporan la "prioridad nacional", una de las principales condiciones impuestas por Vox para apoyarlos. El País Valencià se convierte así en la quinta autonomía donde PP y Vox asumen este principio, después de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, aunque en estos cuatro territorios aparece en los acuerdos de gobierno o investidura y todavía no en una ley presupuestaria.
Del acuerdo político a las ayudas y la vivienda
El texto aprobado incorpora la "prioridad nacional" en partidas destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas en zonas rurales despobladas, a la vivienda pública de compra o alquiler y a la renta valenciana de inclusión. Las ayudas deberán priorizar a las personas que acrediten un "arraigo real, duradero y verificable" en el País Valencià, mediante criterios como el empadronamiento histórico en el territorio y en España, la trayectoria laboral y de cotización o los vínculos familiares, sociales y formativos. La redacción precisa que este principio deberá aplicarse de acuerdo con la legalidad vigente. Criterios parecidos ya aparecen en los pactos de otras autonomías: en Extremadura, por ejemplo, el acuerdo entre el PP y Vox prevé un mínimo de diez años de empadronamiento para comprar una vivienda protegida y de cinco para acceder al alquiler social.
Vox ha celebrado la aprobación como una victoria política después de haber advertido durante meses que no apoyaría las cuentas sin una mención expresa al concepto. "Prioridad nacional por ley. Los primeros presupuestos en que se incluye el concepto. Y ha llegado para quedarse; más pronto que tarde llegará a la normativa nacional", ha proclamado su portavoz parlamentario, José María Llanos. El dirigente también ha defendido el establecimiento de puntos de control del empadronamiento como "primera barrera" para que, según ha afirmado, "el dinero de los valencianos vaya antes que a nadie a los valencianos".
El Consell niega discriminaciones
Pérez Llorca ha rechazado que los populares se hayan sometido a Vox y ha defendido el pacto como un ejercicio de "diálogo y consenso" que da estabilidad a la legislatura. "El PP no se pliega ante nadie", ha asegurado el presidente, que ha situado el arraigo, y no la nacionalidad o el origen, en el centro de la medida. "Este presupuesto no distingue entre color de piel, entre inmigrantes y personas nacidas aquí. No lo toleraría nunca", ha declarado después de la votación. Según el jefe del Consell, el nuevo criterio servirá para dar más peso a las personas que hace más tiempo que están empadronadas en un municipio, una condición que, ha remarcado, también utilizan ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista.
La oposición ha advertido, en cambio, que su aplicación puede provocar discriminaciones en el acceso a las prestaciones sociales y a la vivienda. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado a Pérez Llorca de haber "convertido el apartheid en ley" y ha anunciado que el Govern español estudiará la norma para recurrirla ante el Tribunal Constitucional si vulnera el principio de igualdad. Compromís también ha cargado contra el acuerdo y el diputado Carles Esteve ha reprochado al PP que esté "hipotecando el futuro de los valencianos". El despliegue de la medida continuará el 31 de julio con la votación de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que concretará su aplicación en las diferentes políticas del Consell.