Carmen Calvo ha activado la incapacitación de María Teresa Fernández de la Vega en el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno. Calvo (69 años), exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, es su actual presidenta. Por su parte, Fernández de la Vega (77), exvicepresidenta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es consejera permanente y presidenta de la sección séptima, encargada de emitir dictámenes sobre materias como Educación, Formación Profesional, Deportes y Cultura. Según publican este martes el ABC y El Economista, la decisión se ha tomado después de que Fernández de la Vega acumule más de un año de baja médica por problemas de salud. Unos problemas de salud que no presentan indicios de mejora a corto o medio plazo.
Hay que tener en cuenta que las plazas de consejero permanente tienen carácter vitalicio e inamovible por ley, y que se trata de un proceso de inhabilitación absolutamente excepcional: es la primera vez en los 500 años de historia del Consejo de Estado que se activa esta vía. La decisión de abrir el expediente de incapacitación se comunicó formalmente el pasado jueves, 17 de septiembre, durante la reunión semanal de la comisión permanente del organismo. La propuesta de Calvo recibió el apoyo unánime de los asistentes y, de manera inmediata, la presidencia encargó una ponencia conjunta a dos consejeros permanentes: Enrique Alonso, responsable de la sección octava, y María Luisa Carcedo, presidenta de la sección novena. Al equipo se le ha sumado un letrado asignado para elaborar el expediente y redactar el dictamen, que posteriormente se deberá someter a la deliberación del pleno.
El estado de salud de Fernández de la Vega
El movimiento fue precedido de un contacto de alto nivel político. El 11 de septiembre, diez días antes de que la decisión se hiciera pública en la sede de la institución, Calvo se desplazó hasta la Moncloa para entrevistarse con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el encuentro, la presidenta del Consejo de Estado habría trasladado al ministro la intención de iniciar el procedimiento para incapacitar a Fernández de la Vega, una notificación previa indispensable, teniendo en cuenta que la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros.
El marco jurídico que rige esta medida está estipulado en el artículo 11.3 de la Ley orgánica 3/1980 del Consejo de Estado, que fija una secuencia detallada de garantías para proceder a la destitución de un miembro inamovible, un camino hasta ahora sin precedentes. El primer trámite preceptivo es conceder el derecho de audiencia a la persona afectada, pero fuentes del organismo consideran altamente improbable que Fernández de la Vega pueda comparecer por su delicado estado de salud. Esto no detendrá el procedimiento, que continuará con la elevación de la propuesta al pleno de la institución, formado tanto por los consejeros natos como por los electivos. La primera sesión está convocada para el 1 de octubre, aunque en el primer orden del día remitido a los integrantes solo se incluye el anteproyecto de ley sobre el régimen sancionador de los productos paneuropeos de pensiones individuales. Una vez que el pleno apruebe el dictamen, la competencia pasará al Gobierno de España: el Consejo de Ministros deberá ratificar formalmente el cese por incapacidad permanente de la consejera, mediante un real decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
¿Qué hay detrás del movimiento?
Sin embargo, dentro del propio Consejo de Estado, se interpreta el trámite como una fórmula de presión para que el entorno de Fernández de la Vega gestione una renuncia voluntaria antes de llegar al extremo de la inhabilitación forzosa. Tal cosa evitaría un desenlace incómodo para la institución, en un momento especialmente simbólico, coincidiendo con la conmemoración de su quinto centenario —el Consejo de Estado fue fundado en el año 1526 por el rey Carlos I en Granada—. Por otro lado, la iniciativa de Calvo ha despertado controversia entre otros miembros de la comisión permanente, que interpretan el movimiento como una maniobra personal para asegurarse una silla fija en la institución. Al respecto, cabe recordar que el mandato de la presidenta está ligado directamente a la continuidad del Gobierno de Sánchez, por lo que hay quien sospecha que Calvo busca cobijo en una plaza de carácter vitalicio ante un eventual adelanto de las elecciones generales y de un posible cambio de ciclo político.
El sector más desconfiado recuerda el precedente reciente de Magdalena Valerio, exministra de Trabajo. Valerio asumió la presidencia del Consejo de Estado en octubre de 2022, a raíz de la renuncia de la misma Fernández de la Vega, pero su nombramiento fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2023 al determinar que no cumplía el requisito legal de ser una "jurista de reconocido prestigio". El Gobierno intentó recurrir la sentencia, pero Valerio dimitió en febrero de 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, el ejecutivo estatal forzó la renuncia del prestigioso jurista Miguel Rodríguez-Piñero, que había encabezado la sección segunda durante casi tres décadas, y colocó a Valerio como consejera permanente. Así, si la plaza de Fernández de la Vega queda finalmente libre, Calvo podría tener vía libre para seguir una estrategia similar y garantizarse una plaza vitalicia en el Consejo de Estado.