La Audiencia de Tarragona ha resuelto que no es la competente para resolver qué juzgado debe investigar el caso de corrupción que implica al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, junto con 27 personas más, vinculadas en una supuesta red de tráfico de influencias con una patronal del sector del gas, según una resolución comunicada este martes. Desde hace ocho años, un juez de El Vendrell investiga si Montoro —ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy— impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas, algunas situadas en el Tarragonès, a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.
Las defensas de Montoro y los otros implicados presentaron recurso y aseguraron que la competencia era de los juzgados de Madrid. La Audiencia de Tarragona afirma que es el Tribunal Supremo quien debe resolver esta cuestión, aunque no lo eleva al alto tribunal español. Se espera que ahora los abogados defensores reclamen este cambio al alto tribunal español. Hasta que no haya una respuesta, el juez del Vendrell Rubén Rus puede continuar la instrucción, en la que ha pedido nuevas diligencias, como datos bancarios de los investigados.
Ni el TSJC es competente
En la resolución, la sección 2a de la Audiencia de Tarragona acuerda: "No haber lugar a resolver la cuestión de competencia planteada, por falta de competencia funcional." Es decir, que no es el órgano competente para hacerlo y su resolución podría incurrir en "nulidad".
En el auto, el tribunal explica que "el órgano competente para resolver una cuestión de competencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 y 23 de la LECr puesto en relación con el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es el superior inmediato común entre los órganos respecto de los que se plantea la discrepancia". Añade que sería competente "si la cuestión se planteara entre distintos órganos de instrucción de la misma provincia; entonces, el órgano inmediato superior común sería nuestra Audiencia Provincial".
Sin embargo, la Audiencia de Tarragona indica que "planteándose la controversia entre los órganos de instrucción de Tarragona y los de Madrid; es decir, entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas del territorio español; el órgano inmediato superior común no es ni la Audiencia Provincial ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia Catalán sino el Tribunal Supremo, como se recoge en el auto del Tribunal Supremo 20366/2022".
Sedes en Madrid
La defensa de Equipo Económico pidió que la investigación se trasladara a Madrid porque es la sede de esta mercantil, además de la sede del Ministerio de Hacienda, a pesar de que no aclara dónde se habría producido la irregularidad o los supuestos pagos de las gasistas, unidas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales i Medicinales (AFGIM). Los delitos investigados son contra la Administración Pública. Precisa que la AFGIM también tiene la sede en la capital española, y se reunía allí con representantes públicos.