La falta de mecanismos de vigilància en las instituciones judiciales de los estados miembros de la Unión Europea socavan el derecho a la presunción de inocencia y ponen en peligro el Estado de Derecho. Así lo denuncia la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) en un nuevo estudio, en el que recomiendan la implementación de una serie de medidas para hacer frente a este problema.
La Agencia se ha basado en entrevistas a 123 abogados, jueces, policías y periodistas de nueve países dentro de la UE con sistemas y tradiciones legales diferentes. Los estados miembros estudiados son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Alemania, Italia, Lituania, Polonia y Portugal.
Las conclusiones del informe publicado hoy muestran que, a pesar de la existencia de un marco legal aparentemente robusto, los derechos de los acusados no siempre se respetan por igual, razón por la cual la FRA pide a las autoridades de los estados miembros adoptar "medidas eficaces", como la formación de los profesionales del sector de la justícia para eliminar los prejucios contra los acusados y la protección de la identidad de los acusados ante los medios de comunicación.
Los retos para la UE
La FRA ha identificado problemas en la presunción de inocencia tanto en el procedimiento en sí como por las influencias externas que degradan este derecho.
Por una parte, el estudio alerta de la prevalencia de ciertos sesgos por parte de los profesionales de la justicia criminal, como los policías o los jueces, basados en prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, los hombres, sobre todo los de raza no blanca y con antecedentes penales, tienen más números de ser percibidos como culpables antes de ser juzgados. De la misma manera, estos profesionales admiten tener la percepción que, algunas personas, "por sus características, son más propensas a cometer ciertos delitos."
Por otra parte, la FRA señala a la influencia de los medios de comunicación en la decisión de un caso, sobre todo cuando se depende de un jurado popular y el caso es especialmente polémico o salaz y puede atraer a muchos espectadores. Según los investigadores, este poder para cambiar las percepciones de los acusados puede hacer virar la decisión final.
Además, la UE alerta que las fuerzas de seguridad a menudo no cumplen las medidas impuestas para la protección de la presunción de inocencia, como la obligación de comunicar debidamente a los acusados sus derechos una vez son detenidos.
Las recomendaciones de la FRA
En el caso de los prejuicios que todavía persisten en la sociedad europea, la FRA recomienda que se promueva la diversidad dentro de los organismos policiales, legales y judiciales, con el fin de eliminar los sesgos que nacen a partir de la ignorancia y el desconocimiento. En la opinión de la Agencia, los estados miembros tendrían que fomentar la formación de estos profesionales en el nivel institucional con el fin de concienciar y reformar las desigualdades del sistema.
Con respecto a los medios de comunicación, la FRA se muestra más pesimista. Tal como explican, en la UE se tiene que trabajar para equilibrar varios derechos fundamentales que a menudo chocan: "la libertad de la prensa y la libertad de expresión por un lado, y la imparcialidad de los procedimientos criminales y la presunción de inocencia por otra" y también recomienda la formación de los periodistas para asegurar información más rigurosa y respetuosa con los procedimientos legales. Además, la FRA propone aumentar la vigilancia a los medios de comunicación para asegurar la anonimidad de las personas acusadas. A pesar de eso, el estudio concluye recalcando la necesidad de encontrar un balance equitativo entre estas libertades, un hecho que "parece difícil de conseguir."
Otro toque de atención
La UE ha protagonizado en las últimas semanas varias controversias con relación a la protección de los derechos fundamentales, sobre todo con respecto a la libertad de expresión y la falta de investigación de la violencia policial en el estado español, que en este mes de marzo ha recibido críticas del Consejo de Europa y tres condenas del TEDH. El último informe de la FRA alerta de todavía más agujeros en el tejido legal europeo.
Foto principal: Tribunal Europeo de los Derechos Humanos / Esteban Romero en Flickr