El Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han tumbado la reforma de la ley de Amnistía para investigar los crímenes franquistas en España, que se debatía este martes en el Congreso, a propuesta de Podemos y confluencias, ERC, PNV, PDeCAT, Bildu y Nueva Canarias. El principal argumento de los impulsores era acabar con la "impunidad" de la dictadura y cumplir los tratados internacionales. Desde el 'no', si bien, han argumentado que la mayoría de crímenes habían prescrito, y que el código penal ni la Constitución permitían la retroacción en su enjuiciamiento.

La portavoz de Bildu Marian Beitialarrangoitia ha instado a la reforma, tal que se pudiera dar espacio a los jueces para admitir las denuncias relativas al franquismo, así como colaborar con la Justicia argentina –la única en el mundo que investiga dicha causa. Beitialarrangoitia ha insistido en que los efectos de la ley eran incompatibles con los compromisos internacionales de perseguir los crímenes de Lesa Humanidad, así como los de guerra, delitos de genocidio y otras graves violaciones de los derechos humanos.

En consecuencia, el PSOE ha vuelto nuevamente al centro de la polémica –como en el debate de la prisión permanente revisable, la semana anterior, o el de despenalización de injurias en la Corona.

Además de la crítica de Bildu sobre saldar "la deuda" con las víctimas, los socialistas han sido interpelados por el mismo portavoz de ERC Joan Tardà. Este ha admitido "indignación y tristeza" al perder una oportunidad "de fortalecer los valores democráticos y acabar con la banalización" del franquismo. "Con ustedes, las víctimas tienen alguna esperanza. ¡Con ellos [el PP], ni una!" ha denunciado, después de que durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se hubiera trabajado por la Memoria Histórica.

Pero el PSOE no ha cambiado el voto, considerando que la Amnistía fue "uno de los grandes pilares" de la Transición, pues dejaba atrás la lucha de la Guerra Civil y la dictadura, en tanto que no fue una "imposición de élites franquistas", sino que recogía el sentir de las calles. El portavoz Gregorio Cámara incluso ha recordado que no existe la retroacción de las normas penales, y que se pretendía abrir la puerta a la "Justicia selectiva". "¿Qué actos derivados de la ley tendrían que ser revisados? ¿Con qué efectividad? ¿Qué sujetos podrían ser llevados a los tribunales?" preguntó.

Desde el PP se han repetido argumentos similares, e incluso, el portavoz Miguel Lorenzo ha acusado a Tardà de "jugar con las emociones de la gente" y "engañar". Por una parte, porque si se derogara la ley de amnistía "no cambiaría nada", ya que otras leyes del ordenamiento impiden usar el derecho penal más desfavorable. Además, el Código Penal no se podría aplicar en este caso a crímenes previos al 2003. Finalmente, ha dicho que se estaba intentando encausar personas de "más de 98 años".

Por el lado de Cs, se han repetido y detallado los argumentos jurídicos de PP y PSOE, además de recordar que la ley de Amnistía no solamente sirvió al franquismo, sino que permitió liberar a presos del GRAPO, el FRAP y ETA. "A cambio de eso, se conquistó la democracia", ha dicho Ignacio Prendes. "Los vencidos tuvieron más generosidad que los vencedores" ha reconocido después, al alabar la memoria de una víctima, como fue Marcelino Camacho.

Eso no ha gustado al Grupo Confederal de Unidos Podemos, ya que la diputada Yolanda Díaz ha asegurado que Camacho "murió pidiendo que se cambiara la ley". Según Díaz, se habría dado una interpretación inadecuada de esta legislación, ya que no se habían introducido en ella los tratados internacionales sobre juzgar los crímenes fascistas. "Han sido 40 años de tristezas, mentiras y amnesia", ha lamentado. "En ningún otro país de Europa se entendería una Fundación como Francisco Franco", ha zanjado.

El PNV ha reconocido, si bien, que muchos vascos se beneficiaron de la ley porque no se quedaron en prisión o el exilio. Eso sí, ha cargado que los instigadores del régimen "arruinaron" muchas vidas, "desde la impunidad del poder", y que la ley de Amnistía del 77 se aprobó "bajo amenaza y presión". Por tanto, reformarla, no era "venganza, ni ajuste de cuentas", sino Justicia.