El PP ha conseguido paralizar, de momento, la ratificación definitiva del Tratado de Amistad entre España y Francia después de que el Senado haya aprobado este jueves plantear una cuestión previa ante el Tribunal Constitucional. La iniciativa, aprobada gracias a la mayoría de los populares en la cámara, suspende así la tramitación definitiva del texto. El PP sostiene que el tratado vulnera la Constitución porque el artículo 2.4 prevé que un ministro francés pueda participar, de manera rotatoria y al menos una vez cada tres meses, en reuniones del Consejo de Ministros español, un punto que los populares ya habían impugnado ante el Constitucional hace un año.
Para intentar disipar las dudas, los gobiernos de España y Francia habían incorporado una cláusula interpretativa en la que se especificaba que los ministros del país vecino participarían únicamente "a los márgenes" del Consejo de Ministros, en reuniones formalmente separadas. El PP, sin embargo, considera que esta precisión es insuficiente, ya que defiende que la cláusula "ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte stricto sensu del texto del Tratado". Además, los populares sostienen que la redacción es demasiado ambigua porque no concreta qué significa exactamente participar "a los márgenes del Consejo" ni qué se entiende por una "reunión por separado".
Durante el debate en el Senado, el senador del PP Miguel Ángel Ferrer ha calificado de "cutre" el procedimiento seguido por el Gobierno para intentar salvar el tratado y ha criticado que se pretenda ignorar el contenido del artículo en lugar de modificarlo. Según ha afirmado, el ejecutivo reclama a la oposición "un acto de fe" para que apoye el texto sin corregir lo que considera un error de fondo. "No están ustedes en condiciones de pedir que les blanqueemos sus conductas, no están ustedes en condiciones para pedir favores y mucho menos están ustedes en condiciones de pedir la confianza de esta Cámara", ha asegurado, acusando al gobierno de haber optado por "el atajo" en vez de rectificar. En la misma línea, el portavoz de Vox, Ángel Gordillo, ha definido el tratado como una "chapuza" y ha cuestionado la necesidad de que un ministro francés pueda asistir al Consejo de Ministros español, o viceversa, defendiendo también que sea el Constitucional quien ejerza un "control preventivo" sobre el texto.
"El PP ataca a España"
En los últimos días, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había pedido al PP que renunciara a llevar el Tratado de Amistad con Francia ante el Constitucional, defendiendo que se trata de un acuerdo "bueno" para España y especialmente beneficioso para los cerca de 300.000 españoles residentes en Francia y para el millón de personas que viven en municipios fronterizos. A pesar de todo, ante el movimiento de los de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, Albares ha asegurado que "el PP con esta medida ataca a España. Espero que lo paguen caro en las urnas", en declaraciones a Telecinco. Posteriormente, en una entrevista en La Sexta, ha insistido en que los populares "no se creen ni un segundo esta mentira del tratado anticonstitucional" y les ha acusado de querer "dilatar, demorar y sabotear" la entrada en vigor del acuerdo, advirtiendo que esta estrategia perjudica "la vida de los españoles, los puestos de trabajo de los españoles y las exportaciones de tantas empresas".