El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la derogación de la Ley de Memoria y reconocimiento democráticos de las Balears, que el PP y Vox aprobaron el pasado marzo. La suspensión se ha acordado después de que el tribunal haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno, que ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución. Este artículo permite al Gobierno impugnar ante el TC las disposiciones autonómicas, provocando de forma automática su suspensión, que tiene que ser ratificada o levantada por el tribunal en un plazo máximo de cinco meses. Según el Gobierno, la derogación que aprobaron el PP y Vox podría violar los artículos 15 y 10.1 de la Constitución por la derogación del estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Aparte, también se advierte de que la derogación de la norma podría infringir el orden constitucional de distribución de competencias, en concreto los artículos 149.1.1 y 149.1.30 CE, como también el principio de colaboración Estado-Comunidades Autónomas. Asimismo, el recurso alega que la norma también vulneraría los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.30 CE).
El entendimiento entre el PP y Vox
La derogación de la ley de memoria democrática había quedado en el aire tras la ruptura del acuerdo entre el PP y Vox en las Islas, pero meses antes de tumbarla los populares confirmaron que mantenían el apoyo a esta medida. El Parlament balear aprobó en junio del 2024 la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria de Baleares, en un pleno que derivó en polémica porque el presidente de la cámara, Gabriel Le Senne, de Vox, rasgó una foto de Aurora Picornell, fusilada por el franquismo. También rompió fotos de otras víctimas asesinadas durante la Guerra Civil que los diputados socialistas que forman la mesa habían enganchado a sus ordenadores. Los hechos fueron denunciados por los familiares y asociaciones de víctimas. Le Senne acabó declarando como investigado por un delito de odio.