El Senado como ariete para maldecir y aplazar al máximo la aprobación de una posible ley de amnistía. Este es el papel que el Partido Popular ha reservado a la cámara alta, dado que la dominan por mayoría absoluta después de las elecciones del 23-J. El líderes de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ya lleva semanas advirtiendo que su partido recurrirá a todas las herramientas de que dispone el Estado para impedir que prospere una norma que tiene que servir para eliminar las causas judiciales que asedian al independentismo. Y el Senado será la punta de lanza contra los planes que está negociando Pedro Sánchez con el independentismo catalán, tal y como se demostró este jueves en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
La ofensiva del PP contempla un abanico de zonas de confrontación con el eventual gobierno que puede salir de las negociaciones. Por un lado, Feijóo anunció que enviaría la amnistía al Tribunal Constitucional para evaluar su encaje con la Carta Magna, mientras que el PP ha registrado decenas de mociones en ayuntamientos y parlamentos regionales para extender el debate a lo largo y ancho del ámbito territorial español. El objetivo no es otro que trasladar el estado de emergencia nacional que están intentando crear a cada rincón del Estado y, a la vez, poner en una situación incómoda a los dirigentes socialistas.
El Senado como trinchera
En el inicio de la decimoquinta legislatura española, el PP ha cavado en el Senado su trinchera contra la amnistía. En poco más de dos meses, los populares han hecho valer su superioridad parlamentaria para aprobar dos mociones -que tan solo implican posicionamientos políticos- que rechazan de lleno la exculpación de independentistas, han convocado un aquelarre de presidentes autonómicos populares en forma de Comisión General de Comunidades Autónomas, en la cual el PSOE no envió a los suyos, y en las próximas semanas subirán más el listón y tienen previsto convocar el Debate del Estado de las Comunidades Autónomas, según ha adelantado este viernes el diario El Mundo.
Después de la comisión de este jueves en el que el Gobierno se ausentó, el PP quiere resucitar este foro de discusión entre autonomías que se no se convoca desde 2005 y que es la translación al Senado del Debate del Estado de la Nación que acoge el Congreso de los Diputados. Un espacio en el cual se llama al gobierno central y a los presidentes autonómicos para que debatan sobre políticas territoriales. Tan solo se ha celebrado tres veces hasta ahora: la primera vez fue Felipe González en 1994, el segundo fue José María Aznar en 1997 y el último en hacerlo fue José Luis Rodríguez Zapatero hace 18 años.
La estrategia para dilatar al máximo la amnistía
El Senado como mitin permanente de Feijóo y como cámara legislativa para poner palos a las ruedas a las iniciativas legislativas del posible nuevo gobierno. Y con la amnistía entre ceja y ceja y como principal caballo de batalla. De la ley no se sabe prácticamente nada, pero el PP tiene a su alcance los mecanismos parlamentarios para aplazar al máximo la aprobación, pero no el freno definitivo. ¿Por qué? Con el gobierno en funciones, las Cortes son las únicas que tienen la prerrogativa para aprobar leyes y, en este contexto, los grupos parlamentarios son los que tendrían que presentar una proposición de ley en el Congreso que acontente la principal exigencia de Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre.
El sistema parlamentario español es bicameral asimétrico y eso implica que el Senado tiene la potestad de revisar las leyes que envía el Congreso de los Diputados. Y es asimétrico porque la cámara alta tiene la capacidad de enmendar, pero no de tumbar definitivamente, dado que la última palabra para la ratificación la tiene la cámara baja. En este punto, el PSOE, Sumar o las formaciones independentistas podrían registrar la ley orgánica, que la Mesa tendría que calificar y poner en marcha el trámite parlamentario, consistente en hacerla pasar por la ponencia y la comisión para la presentación de enmiendas, y enviar el texto finalmente al pleno para que lo apruebe, ahorrándose la opinión de los órganos consultivos. Todos estos pasos se acostumbran a alargar durante meses, pero si se tramita por la vía de la urgencia se pueden recortar significativamente.
Una vez la norma aterrize al Senado, el reglamento establece que la cámara alta tiene dos meses para modificar, mejorar o cambiar la ley a través de enmiendas, correcciones e informes. Ahora bien, si se plantea de forma urgente, el plazo se acota a los 20 días de margen para dar una respuesta. Es en este espacio donde el PP puede intentar por todas las vías puede retrasar al máximo la tramitación, apurando los plazos y los mecanismos al alcance. En el momento que se apruebe alguna modificación -cosa muy probable atendida la mayoría absoluta del PP-, el texto tendría que volver automáticamente al Congreso, que tendría que levantarle el veto para que entre en vigor en el Boletín Oficial del Estado. El precedente más reciente del uso del trámite de urgencia fue la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación, que entró en vigor 41 días después de que se registrara el texto para reformar el Código Penal.
Una opción bastante menos plausible es que la ley de amnistía se tramitara por lectura única, el mecanismo que se utilizó para universalizar las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. El procedimiento se contempla para situaciones excepcionales y condensa la burocracia al máximo, reduciendo plazos para presentar enmiendas y ahorrándose el paso por la ponencia y la comisión. En este supuesto la norma podría aprobarse en dos semanas, aunque no habría un debate en profundidad para un texto tan complejo técnicamente y con una carga política y simbólica tan elevada.
Cogiendo de referente la reforma del Código Penal, es evidente que es altamente complicado asumir que la ley de amnistía pueda entrar en vigor antes del 27 de noviembre, que es el límite que tiene Pedro Sánchez para intentar la investidura, todavía sin fecha. Eso quiere decir que, si el pacto con Junts llega a buen puerto y se repite el gobierno de progreso, la tramitación se podría trasladar a diciembre, en un mes en el que tendría que convivir con la negociación de los presupuestos generales del Estado. Si el PP consigue poner todos los obstáculos posibles, la ley podría transferirse hacia febrero del 2024, en el segundo periodo ordinario de sesiones, dado que enero es un mes inhábil.