Carles Puigdemont ha situado la ley de amnistía en el centro medio del tablero político de la negociación con el PSOE. No como elemento indispensable para conseguir el concurso de Junts para la investidura, sino como puerta de entrada al proceso de negociación. Y la condición de Puigdemont, que se vuelve a aferrar a los "hechos comprobables", es que la amnistía esté aprobada antes de que Pedro Sánchez solicite la confianza del Congreso de los Diputados. El tiempo hasta este hipotético debate es ajustado, pero ¿sería posible? ¿Los trámites parlamentarios lo permitirían? La respuesta es que hay un margen estrecho pero suficiente para aprobarla, aunque por el camino pueden aparecer obstáculos que son salvables.
Ante el previsible fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo el 26 y 27 de septiembre, a Pedro Sánchez se le abrirá una ventana de dos meses para intentar ser reelegido como presidente del Gobierno. El límite que marca la Constitución es el 26 de noviembre, que implican 80 días desde hoy mismo. Casi tres meses para tramitar una ley de estas características en el Congreso de los Diputados por la vía rápida y con el objetivo de cumplir los plazos marcados por Carles Puigdemont.
Como el Gobierno está en funciones desde el 23 de julio, el Consejo de Ministros no puede aprobar decretos ley y, por lo tanto, los grupos parlamentarios son los únicos que tienen la potestad de poner en marcha proposiciones de ley, a la que tendrán que buscar un nombre. El PSOE, Sumar o las formaciones independentistas podrían activar el proceso parlamentario de la norma tramitándola por lectura única, cosa que ayudaría a acelerar su aprobación.
El precedente de la reforma del Código Penal
El procedimiento por lectura única hace que la tramitación quede condensada y se aceleren los trámites, de manera que el texto podría estar en vigor en un margen que va de los 40 a los 50 días. Para coger perspectiva vale la pena repasar qué pasó con la reforma del Código Penal pactada entre el PSOE y ERC y que supuso la derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación. En aquella ocasión, los socialistas y Unidas Podemos —ahora integrados en Sumar— registraron conjuntamente una proposición de ley por la vía exprés —no requiere el informe de órganos estatales— y el texto entró en vigor al cabo de 41 días, recortando al máximo los plazos de tramitación. En cualquier caso, y citando el precedente de la reforma del Código Penal, habrá que ver la interpretación que puedan hacer los jueces, que serán los responsables de aplicar la posible ley de amnistía. En el caso del nuevo marco penal, algunos tribunales han sustituido la desaparecida sedición por el delito de desórdenes agravados.
El Senado, un impedimento en el camino
Si alguien se preguntaba de qué le servía al PP su mayoría absoluta en el Senado, ahora puede tener la respuesta. Ostentar esta mayoría en esta cámara permite retrasar las iniciativas en curso, y bloquear trámites durante bastante tiempo. El reglamento permite que el PP espere hasta dos meses para tramitar la ley, pero la Constitución autoriza tanto al Gobierno como al Congreso a instar al Senado a resolverlo en veinte días. Es decir, que al final el Senado sería un simple tropiezo y no un gran obstáculo, de forma que todo podría estar resuelto con un mes, aproximadamente. A la vez, si se acaba aprobando, el Partido Popular tiene previsto impugnar la norma al Tribunal Constitucional (TC), aunque el recurso no implicaría que quedase suspendida automáticamente. Los magistrados del TC, con mayoría progresista, pueden tardar años en resolver si la ley encaja o no en la Constitución española. Haciendo cálculos aproximados, sumando los 41 días en el Congreso y los 20 de trámite en el Senado, la amnistía podría estar resuelta en poco más de dos meses (60 días), que son menos que los 80 que quedan para la fecha límite (26 de noviembre).
La ley de amnistía: un redactado quirúrgico
Sea como sea, la ley de amnistía abre, en ella misma, muchos debates. Ya no solo sobre si puede o no encajar dentro de la Constitución, sino si las partes se ponen de acuerdo en el alcance de la ley. Por ejemplo, en caso de que hubiera acuerdo para impulsar una ley de amnistía, habría que afinar si el texto solo exculpa la confección del referéndum de autodeterminación del 1-O o si también incluye la consulta del 9-N. También si, por ejemplo, abarca las manifestaciones postsentencia, que tuvieron lugar el año 2019.
También existe la posibilidad de que el independentismo tenga que hacer una cesión: aceptar la bidireccionalidad de la amnistía y dejar de esta manera impune la violencia policial o la represión ejercida por el Estado. Por ejemplo, no solo se incluiría en esta ley a Roger Español, procesado por atentado contra la autoridad durante el referéndum del 1-O; sino también a su verdugo, al policía español que, disparándole una bala de goma, le reventó un ojo. Todo es, al fin y al cabo, cuestión de entendimiento y de precisión a la hora de redactar.