Alberto Núñez Feijóo probará suerte en el Congreso de los Diputados el 26 y 27 de septiembre para ser investido nuevo presidente del gobierno. De momento, más que una apuesta segura, parece una partida en la que a Feijóo le han tocado las peores cartas. La presidenta de la cámara, Francina Armengol, le ha concedido un mes de margen para que articule la mayoría requerida para alcanzar el hito con el que sueña desde el 23 de julio. El Partido Popular tiene un espacio prudencial de tiempos para presionar al PSOE y seducir aliados altamente improbables para una abstención, como Junts o el PNV, y que le permitan poner en valor la bolsa|bolso de 172 votos que rindió, gracias a Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC). Con este panorama, el PP necesita cuatro votos positivos para la mayoría absoluta requerida en primera ronda y cuatro abstenciones para la mayoría simple de la segunda. Feijóo tiene un mes para invitar, sentarse y hablar, pero parece evidente que chocará con la negativa de los grupos a negociar por culpa de la inclusión de Vox en la ecuación, mientras el PSOE va haciendo camino y va cuidando sus potenciales aliados.

El máximo dirigente de la derecha tiene un mes de margen para explorar y potenciar su imagen de presidenciable, gracias a la legitimidad que le otorga el hecho de ser candidato a la investidura, por orden del rey Felipe VI, acogiéndose a una "costumbre". Las posibilidades de triunfar son muy escasas, pero Feijóo se mantiene incansable y tenaz en su convicción de intentarlo, aunque sea a costa de alimentar una especie de realidad paralela durante 30 días. Mirando atrás, el gallego no quiere seguir los pasos de Inés Arrimadas en el 2017, que renunció a la investidura porque no tenía los apoyos garantizados en la Catalunya post 1 de octubre. En las horas posteriores a la designación del rey Felipe VI, los populares se apresuraron a exhibirse como una fuerza capaz de mantener contactos con todas las formaciones políticas, con la excepción de EH Bildu, con quien marcarán una línea roja. Feijóo ha afirmado que el lunes que viene arrancará una ronda de contactos y, en esta lista, incluye Junts, ERC, el PNV y el PSOE.

El camino que quiere desbrozar el PP está lleno de obstáculos y malas hierbas teniendo en cuenta que los independentistas catalanes ya han dejado claro cuáles son las cartas más poderosas: amnistía y referéndum de autodeterminación. Son dos líneas que, a la vista está, son inasumibles e inalcanzables para el relato instalado en la derecha españolista, que todavía tiene esperanza de encontrar alguna rendija a la que aferrarse. Descartada Esquerra Republicana -con quien no comparten ni modelo territorial ni modelo económico-, el silencio sepulcral que Junts mantiene desde el 23-J les anima a pensar que hay cierto margen de maniobra. Ni de lejos en el terreno identitario, pero la relación histórica entre el PP y Convergència y Unió en cuestiones de corte económica les hace mantener viva la llama, aunque sea pequeña.

La oferta desconocida del PP a Junts y el PNV

En todo canje tiene que haber alguna cosa que ofrecer para seducir y, por ahora, el Partido Popular esconde sus cartas. Los populares se limitan a asegurar que todo aquello que puedan poner sobre la mesa a los grupos parlamentarios "no supondrán desigualdades entre españoles". Lo decía la vicesecretaria del PP Carmen Fúñez este miércoles a La Sexta. Cuesta pensar que el ofrecimiento que puedan enviar a Junts pueda tener algún tipo de incentivo para los de Carles Puigdemont, que ven que, con Pedro Sánchez, es más plausible arrancar sus principales aspiraciones. De momento ya tienen grupo propio registrado en el Congreso -a la espera de lo que pase en el Senado-, que reporta más recursos y más protagonismo político. Y sobre la amnistía y el referéndum de autodeterminación, el PP tiene claro que tan solo sirven "para romper, vender y trocear España".

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Felipe VI envió a Feijóo a la investidura por una "costumbre" / Foto: EP

La seducción a Junts ha hecho caer al PP en una trampa, a partir de la cual los portavoces se hacen un lío con la manera de tratar a los juntaires como interlocutores. Después de ridiculizar durante seis años a Carles Puigdemont tratándolo de "prófugo" y "golpista", el coordinador general, Elías Bendodo, se mostró crítico a la Cadena SER recordando que "Junts hace tiempo que decidió estar fuera de la Constitución". Y a la vez, el vicesecretario de Asuntos Institucionales, Esteban González Pons, manifestó en Onda Cero que "no está en duda la tradición y la legalidad" de Junts y ERC, "más allá de las acciones que llevaron a cabo cuatro personas", en referencia a los hechos del otoño de 2017. Una de cal y una de arena que constata que el PP se ha instalado en un guirigay que intentó frenar a otro portavoz, el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, que recordó a Radio Nacional de España que Junts y ERC "están fuera de la racionalidad política". Los "golpistas" desde 2017 ahora se han convertido en interlocutores válidos, cosa que demuestra que a buen hambre no hay pan duro.

Desde el 23-J, Feijóo se ha empecinado con llamar a la puerta de viejos socios con quienes mantienen vínculos históricos. En Génova no tiran la toalla con la seducción al PNV, de quiénes se hacen ilusiones que pueda permitir un gobierno conservador, tal y como habían hecho en anteriores legislaturas, y a quiénes prometen "un papel muy relevante" en la gobernabilidad. La diferencia es que el PP necesita la complicidad de Vox y esta ecuación es la que genera anticuerpos entre los nacionalistas vascos. Desde el día después de las elecciones estatales, los jeltzales han dado calabazas al PP en tres ocasiones. El último portazo lo escuchamos el pasado miércoles, cuando Aitor Esteban se grabó un vídeo en el cual confirmó que se reuniría con el PP "por cortesía", aunque recalcó que "en combinaciones en las que entre Vox", los vascos no se ven ni en pintura.

Ahora bien, la liturgia de la negociación todavía ni ha empezado a nivel formal y, en el arte de la seducción, la prensa editada en Madrid ya hace cábalas de cómo Feijóo puede convencer al PNV, que gobierna con los socialistas en Euskadi y preparan las galeras para las elecciones autonómicas previstas para el año que viene rivalizando con EH Bildu. Uno de los medios referentes de la derecha española, El Español, apuntaba esta semana que el PP ofrecería la gestión de los tres aeropuertos vascos (Bilbao, Vitoria y Donostia), el traspaso del servicio de cercanías y la gestión económica de la Seguridad Social por parte de las autoridades vascas. Además, La Razón se ha dedicado a comparar los programas electorales de unos y otros y han encontrado puntos en común, sobre todo en el ámbito económico: la crítica a la gestión de los fondos europeos, la reclamación del corredor atlántico o uan reducción del gasto público. Aun así, en el terreno político, hay diferencias abismales, como la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Seguridad Ciudadanos -conocida popularmente como ley mordaza-.

El enfado en el PP catalán

El funambulismo dialéctico que practica el PP por el hecho de querer hablar con Junts ha generado cierto malestar entre la delegación catalana de los conservadores. Así como el secretario general, Santi Rodríguez, tal y como afirmó en Catalunya Ràdio, se inclina por "hablar" con el grupo parlamentario de Junts en Madrid –"no estamos pactando, no estamos negociando"-, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, tiene claro que no hay nada decir con un "prófugo de la justicia", como Carles Puigdemont. Y más cuando Feijóo se ha hecho un hartón de criticar a Pedro Sánchez por este mismo motivo. El tuit críptico de este miércoles se puede interpretar en este sentido.

La necesidad hace que el PP dispare a todo. En 30 días sabremos si ha sabido afinar la puntería o tan solo lanzaba balas de fogueo.