Vienen las portadas del Trío de la Bencina con la sentencia contra la inmersión como espectadores del circo romano que piden la muerte del gladiador vencido. ¡Que se aplique la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya!, claman. También se hacen eco de la ocurrencia del presidente del PP, Pablo Casado, de aplicar "un 155 educativo". Si estos diarios representan una parte de España grande o muy grande es difícil de saber. Pero es fácil deducir que habrían prestado mejor servicio a los ciudadanos si hubieran dedicado esta misma ferocidad contra la inmersión y la lengua catalana para pedir explicaciones a Pablo Casado, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por la vergonzosa renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo, o a inquirir a Isabel Díaz Ayuso por què Madrid es la región de Europa con más exceso de muertes en 2020 —exceso que se atribuye a la pandemia de covid-19.
Viendo la actuación de jueces y de la mayoría de medios de comunicación en casi todo lo que se refiere a Catalunya, quizás no hay que buscar en Bielorrusia el ejemplo de la llamada "guerra híbrida", estrategia geopolítica en que se utilizan todo tipo de medios y procedimientos además de ejércitos convencionales: la guerrilla, el terrorismo, la migración, los recursos naturales, noticias falsas, diplomacia, guerra jurídica, interferencia electoral, etcétera. Quizás hay que añadir al catálogo togas y puñetas —los nuevos ejércitos— siempre bien acompañados de las divisiones mediáticas imprimidas, audiovisuales o digitales.
El Periódico lo decía este miércoles y hoy lo hace Ara: aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya será una complicación colosal y nadie quiere pagar la factura. Hace reír (o llorar) comprobar cómo se pasan la pelota de la ejecución de la sentencia entre el Ministerio de Educación y el TSJC. Uno dice que es tarea del otro aplicar la arbitrariedad y el otro dice que es tarea del uno. Rota la vajilla, no se ponen de acuerdo en quién debe barrer el suelo. La política tiene todas las de perder, porque los jueces no se someten al juicio de las urnas, pero los políticos sí. Ahora ni unos ni otros quieren cargar con las consecuencias de liquidar el modelo educativo catalán, que no era fuente de conflicto alguno hasta que los jueces del TSJC decidieron enmendar la política educativa que la Generalitat sigue desde 1984. Ánimo a todos.
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