Dice El Periódico que PSOE y PP están a punto de acordar la renovación del Poder Judicial, un acuerdo que seguramente desbloqueará la puesta al día de una docena de otros organismos y entidades, del Tribunal Constitucional al Consejo de RTVE, pasando por el Defensor del Pueblo o la Comisión de los Mercados y la Competencia. Ayer El Mundo abría portada diciendo que el PP había pateado la mesa y lo dejaba estar "unos meses". Ni 24 horas les ha durado la historia. La información de El Periódico parece más fiable, pues hasta deja caer el nombre de la posible presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco es difícil suponer que el tabloide nacionalista español intentara enredar la negociación.
Hay mucho en juego. Este acuerdo —y los que afectan a los restantes organismos— dejará ver cómo y hasta qué punto se entienden los dos grandes partidos dinásticos españoles a la hora de controlar la red de altas instituciones que sostienen el régimen (o el Estado, si quieres) de 1978 y que van del Constitucional al Consejo de Estado, la Junta Electoral o la Agencia de Protección de Datos, etcétera. Son organismos con funciones supervisoras, consultivas o asesoras, algunos con potestad sancionadora, cuyos miembros, aunque no provienen de las urnas, intervienen antes, durante o después en la acción de gobierno o deciden la provisión de cargos clave en los Tribunales Superiores, Audiencia, Supremo, etcétera. Desde siempre, la composición de esos órganos se ha pactado medio a escondidas entre PP y PSOE, y la duración de los nombramientos rebasa, a veces por mucho, el mandato de los políticos que los escogieron. Algunos lo llaman el Estado profundo, el deep state.
Uno de los tests de calidad de esos acuerdos será saber si Podemos, ahora partido de gobierno, tiene incidencia en los nombramientos, y hasta dónde influyen sus aliados parlamentarios —ERC, Compromís, PNV, Bildu...—. Hasta ahora, el PP se ha enrocado en la negativa a admitir la más mínima intervención "comunista, separatista y etarra" en el juego. Antes se habían desentendido alegando la decisión del PSOE de nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado fiscal general del Estado, o la reforma del delito de sedición. Será bueno saber cómo ha conseguido el PSOE llevar el agua a su molino —a cambio de qué— y qué ha cedido el PP, si es que lo ha hecho.
Adular a Letizia
Notable información, la que abre la portada de La Vanguardia. Explica mejor que cincuenta estudios en qué consiste el dumping fiscal de Madrid. Quizás habrá que cambiar el eslogan por "Madrid nos roba". No sólo sería más exacto sino que quizás reuniría la solidaridad de otros territorios españoles. (Es broma, ¿eh?).
Otro detalle destacable proviene de comparar las portadas de Ara y El Punt Avui con las de El Mundo y ABC, cosa que permite ver de qué se preocupan unos y otros. Los catalanes abren con un material poco sexi pero decisivo: la investigación, la innovación. Ara deja al estado español en muy mal lugar. Mientras se pelean como gatos por el deep state, Grecia y Polonia dan el sorpasso en R+D como proporción de PIB. (En este punto es oportuno sacar al demagogo interior: No es extraño que los satélites españoles se vayan al garete, los submarinos españoles no floten y que tantos investigadores españoles sean decisivos en las vacunas contra la Covid-19... lejos de la península Ibérica).
En cambio, El Mundo adula a la corona con una gran fotografía de la reina Letizia, que ayer estaba en Valencia para decir que "este virus lo vencemos unidos", etcétera. Te tienes que reír (del diario, se entiende). ABC, en cambio, hace llorar con la persecución enfermiza sobre Fernando Simón. Pobre. Si hiciera la mitad de lo que le acusan, ya tendría encima tres órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, hay que felicitar a El Mundo por ser el único diario que lleva en portada, aunque sea pequeña, la revuelta de los franceses contra la nueva ley de seguridad ciudadana, muy restrictiva —inspirada en la española, esa que hace una semana bendijo el Constitucional—. El Mundo siempre ha sido muy de defender los derechos civiles de los franceses.
