Los diarios de Barcelona y El País abren la portada con el más que previsible aumento de las restricciones a la movilidad y etcétera que impondrán la mayoría de los gobiernos autonómicos tras comprobar que la pandemia entra en la tercera oleada. Incluso se produce el fenómeno de que dos diarios diferentes hagan el mismo titular, como pasa con Ara y El Periódico. La derecha impresa madrileña también habla de eso pero para quejarse de que sean las autonomías las que decidan. Cada vez se hace más complicado entender por qué a esos diarios les molesta tanto lo que dicen las leyes —siempre que no sea protagonista la comunidad de Madrid, que lo tiene todo perdonado. Este comportamiento debe tener algún nombre que lo designe y no parece fàcil que sea periodismo o afán de informar.
No es raro. El director de uno de esos diarios presentaba anoche su portada en Twitter diciendo que "La coalición gobernante, sin disimulo, se propone acabar con la independencia judicial". Ese director habla así de la proposición de ley presentada por los grupos del PSOE y de Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial en funciones, como es el caso desde hace ya dos años. Es decir, que al señor director le parece muy normal que una institución con el mandato caducado desde 2018 siga nombrando a jueces vitalicios para presidir tribunales superiores, audiencias y salas del Supremo. Claro, si el director del diario dice estas cosas, ¿cómo quieres que encaren su trabajo sus periodistas, pobres?
El origen de esta, digamos, disfunción constitucional es la negativa del PP a acordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces —en la misma situación se encuentran otras instituciones, desde el Tribunal Constitucional al consejo de administración de RTVE. Es una actitud igual en la sustancia —y diferente en el grado— a la de Donald Trump intentando robar la elección a Joe Biden en los tribunales. Pero no. Lo que les inquieta es que la ministra de Hacienda (y portavoz), María Jesús Montero, se las tenga tiesas con el vicepresidente Pablo Iglesias a propósito de la ley antidesahucios. Los han fotografiado en medio de la discusión en un rincón del Congreso. ¡Uy, ay, oy, qué escándalo! ¡Dos líderes de los dos partidos coaligados se pelean! ¡Lo nunca visto! Es verdad. No se había visto nunca porque es el primer gobierno de coalición de la historia de la Democracia Consolidada™ y porque quizás no entienden que la gente no nace puesta de acuerdo. Portadas tartufescas.
Lo que no se lee en ninguna portada —sólo El Punt Avui lo lleva— es que la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Dani Gallardo, de 23 años, a un año de prisión por desórdenes públicos y a tres años y medio por atentado a agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones. A Gallardo lo detuvieron en Madrid en octubre de 2019 en torno a las protestas contra la sentencia por el 1-O. Gallardo, que ha pasado más de un año en prisión provisional, niega haber participado en las manifestaciones y dice que no hizo nada más que enfrentarse a los policías que retenían a su chica. Lo han condenado sólo por el testimonio de esos mismos agentes, en aplicación de la reforma del Código Penal y de la "ley mordaza", aprobadas en el 2015 por la mayoría absoluta del PP y validadas no hace mucho por el Constitucional. Todo muy normal.
