El Consejo General del Poder Judicial tiene el mandato caducado desde hace más de dos años. Y no sólo no parece que tenga que acabar pronto el bloqueo, sino que además los de Carlos Lesmes siguen haciendo nombramientos sin traba. Justamente con eso quiere acabar el Gobierno. Hoy han puesto la primera piedra, en un movimiento que también busca presionar a Pablo Casado. La reforma de la ley del poder judicial para limitar las funciones ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. En cambio, la reforma para alterar las mayorías para escoger al órgano de gobierno de los jueces continúa congelada por La Moncloa, que todavía no la lleva a la cámara. Está a la espera de que el PP acceda finalmente a renovarlo. De hecho, esta misma tarde Sánchez ha llamado a Casado. Una conversación de 45 minutos que no ha servido de mucho.
El pleno la ha tomado en consideración con una mayoría cómoda de 188 votos a favor y 152 en contra, con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC, JxCat, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis. El bloque de la investidura y de los presupuestos, ampliado. En cambio, el PP, Ciudadanos y Vox han vuelto a estar en el mismo bloque: han votado en contra tildándola de "inconstitucional". Por su parte, el CGPJ ha convocado un pleno este jueves para decidir si pide informes y emite una opinión sobre la reforma. La reforma podría tardar meses a estar vigente, pero tampoco se avista el fin del bloqueo hoy por hoy.
La reforma se centra en los nombramientos. El texto registrado hace dos semanas propone "limitar las decisiones adoptadas para un CGPJ saliente con miembros que han excedido el periodo constitucional del mandato" e impedir que puedan proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, así como magistrados del Tribunal Constitucional.
El portavoz de los comunes, Jaume Asens, ha defendido la iniciativa ante el "secuestro de la cúpula judicial" por parte de los conservadores. "Cuando pierden las elecciones, se atrincheran en el poder judicial. Siempre han creído que cualquier gobierno que no es el suyo es ilegítimo", ha asegurado Asens. La reforma ha contado con el apoyo de los independentistas. Carolina Telechea (ERC) ha acusado a Carlos Lesmes de ocupar el cargo de forma "ilegal", denunciando que "los primeros que tienen que velar por el cumplimiento de la legalidad son los primeros que se la saltan". Por su parte, Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) ha instado al PSOE a combatir activamente el "franquismo" que impregna todos los poderes del Estado para que "entren todos en el siglo XXI".
El Consejo General del Poder Judicial tiene el mandato caducado, pero continúa con su actividad como si nada. En las últimas semanas, el pleno del CGPJ de Carlos Lesmes ha nombrado a tres nuevos magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. En este caso, el acuerdo pasó por dos jueces progresistas y uno conservador. También renovó tres presidencias de sala del alto tribunal. En funciones se han renovado todas las salas del Supremo, incluida la renovación de Manuel Marchena al frente de la sala de lo penal. Ya son más de 50 los nombramientos que ha hecho el órgano de gobierno de los jueces desde que está en funciones a la espera de renovación.
Llamada esta tarde
Pablo Casado se quejaba de que ni siquiera recibía llamadas de Pedro Sánchez. Para que no fuera dicho, el presidente español ha llamado este martes al jefe de la oposición, mientras el Congreso debatía la reforma para limitar las funciones del CGPJ. Sin embargo, a pesar de los 45 minutos de conversación, las posiciones no se han movido. Sánchez le ha vuelto a hacer un llamamiento para "cumplir íntegramente la letra de la Constitución del 78". No obstante, según fuentes de La Moncloa, "la conversación no ha permitido avances" y se mantiene el candado de Génova en la renovación. Entre las condiciones de los populares, que Podemos salga de la ecuación o que haya un compromiso de no conceder indultos a los presos políticos.