La extrema derecha en Alemania está vigilada con lupa. Los servicios de inteligencia alemanes anunciaron el viernes pasado que están estudiando la posibilidad de prohibir el partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD). La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas en alemán), tal como se llaman los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, ha clasificado como "caso seguro de extremismo de derechas" la formación que lidera Alice Weidel. La decisión de la BfV permite a las autoridades aumentar la vigilancia eventual del partido en el ámbito nacional y utilizar medios de inteligencia contra el partido, como grabaciones de audio y vídeo o informantes infiltrados. ¿Sin embargo, por qué Alemania ha podido hacer eso?
La respuesta es bien sencilla. "Alemania es una democracia militante y así lo recoge su constitución", explica el profesor de Historia Contemporánea de la UAB y experto extrema derecha, Steven Forti. Es decir, "es un estado que cuenta con un conjunto de leyes que permiten limitar ciertos derechos y libertades de una sociedad democrática con el objetivo de proteger su existencia", subraya. En Alemania, el concepto existe bajo el término "wehrhafte" o "streitbare Demokratie", que significa "democracia capacitada para defenderse" o "democracia combativa". En cambio, las constituciones de otros países como España, Portugal o Francia no lo contemplan.
¿Qué recorrido puede tener el expediente de BfV?
Que los servicios de inteligencia hayan abierto una investigación, sin embargo, no quiere decir que esta se acabe llevando a cabo. De hecho, Según el diario alemán Bild, los obstáculos son muy altos. El proceso de prohibición solo puede ser iniciado por el gobierno alemán, la Cámara Baja del Parlamento y la Cámara Alta, y decidido en última instancia por el Tribunal Constitucional. Este exigiría pruebas contundentes tanto de la intención como de la capacidad real del partido para poner en peligro el sistema democrático, y actualmente, aunque hay iniciativas y debates parlamentarios, no existe bastante mayoría ni el consenso político necesario para iniciar formalmente el proceso.
Sin embargo, no sería la primera vez que Alemania ilegaliza un partido. Ya pasó después de la II Guerra Mundial, cuando el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (o Partido Nazi) fue declarado ilegal, una vez cayó el III Reich, por decreto del Consejo de Control Aliado. Después de la fundación de la República Federal de Alemania, los funcionarios supervivientes del Partido Nazi fundaron en 1949 al Partido Socialista del Reich, como una recreación de este. Tres años después, sin embargo, fue el primer partido prohibido por el Tribunal Constitucional alemán. El segundo fue el Partido Comunista Alemán, reconstituido en la Alemania ocupada, acabó estando prohibido en la Alemania Occidental en 1956. En cambio, en la República Democrática Alemana (Alemania Oriental) gobernaría bajo el nombre de Partido Socialista Unificado de Alemania.
También hay antecedentes de intentos fallidos. En el 2017 fracasó el intento de prohibir el Partido Nacional Democrático de Alemania (NPD), de ideología neonazi y que después pasaría a llamarse «Die Heimat» (La Pàtria). A la fundamentación de la sentencia contra NPD se argumenta que este estuvo calificado entonces de inconstitucional, pero al considerarse que era insignificante desde el punto de vista político, no se ilegalizó.
¿Puede pasar en el Estado español?
Difícilmente podría pasar en el Estado español. Aunque no es descartable al cien por cien, Steven Forti asegura que "sería más complicado que el Ministerio del Interior español abriera una investigación para ilegalizar a un partido político, ya que no es una democracia militante" y, por lo tanto, no lo refleja en la Constitución.
Sin embargo, sí que ha habido un precedente de ilegalización de un partido en el Estado español. Fue en 2003 cuando el Tribunal Supremo ilegalizó Herri Batasuna, junto con Euskal Herritarrok i Batasuna, en virtud de la Ley de Partidos para ser considerados parte de ETA. El TS argumentó su decisión considerando el partido como "un hecho instrumental por parte de la organización terrorista ETA, que forma parte y que es incompatible el ejercicio de la política con la invocación, defensa o justificación de la violencia como método válido para su ejercicio". Así ordenó que era necesario su ilegalización para "preservar la democracia".
Por lo tanto, el motivo de prohibir un partido o no, según la Constitución española, "es su supuesta relación con el terrorismo o la violencia", dice Forti. "Con estos argumentos, pues, el Estado español no podría abrir una investigación contra VOX o Aliança Catalana, a pesar de considerarse partidos de extrema derecha", añade.
¿Contradice la democracia?
La decisión de la BfV llegaba a las puertas de la constitución del nuevo Bundestag (parlamento alemán), cuando este martes se votó la confirmación del líder conservador Friedrich Merz como nuevo canciller, al frente de una coalición con los socialdemócratas de centroizquierda. El AfD se convierte, pues, en el principal partido de la oposición, después de quedar en segunda posición a las elecciones federales de febrero, obteniendo un récord de 152 escaños al parlamento y con el 20,8% de los votos. Por lo tanto, "aquí hay un problema de fondo", indica al experto en extrema derecha. "Si una fuerza es antidemocrática o hay indicios que lo es, pero que tiene una presencia importante en el Parlamento, es que alguna cosa no funciona bien", señala.
Entonces aquí se plantea la duda sobre si hay que hacer o no algo para proteger las democracias a largo plazo. "Hay un riesgo de contradicción entre la soberanía del pueblo y los límites para proteger esta democracia. Es muy difícil saber donde está esta línea roja", insiste Steven Forti, que aclara que, más allá de prohibir o no, "lo que hace falta es encontrar los instrumentos que protejan nuestras democracias".