El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que quedó en segunda posición en las elecciones federales en que se celebraron el pasado mes de febrero, será vigilado con lupa a partir de ahora por la Oficina por la Protección de la Constitución (BfV por sus siglas en alemán), que es como se llama a los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, después de que hayan clasificado a la formación que lidera Alice Weidel "caso seguro de extremismo de derechas". El servicio de inteligencia nacional anunció que la sospecha de que el partido estaba llevando a cabo acciones contra el orden fundamental libre y democrático se había confirmado y, en las partes esenciales, era cierta. La decisión de la BfV permite a las autoridades aumentar la eventual vigilancia del partido a nivel nacional y utilizar medios de inteligencia contra el partido, como grabaciones de audio y vídeo o informantes infiltrados, según informa el diario Bild, y en teoría, podría abrir la puerta a un proceso de prohibición del partido ultraderechista. Pero la AfD fue la segunda fuerza más votada en las elecciones del 23 de febrero, con un 20,8% de los votos, por lo que ejercerá como principal fuerza de la oposición a partir del 6 de mayo, cuando se constituya el nuevo Bundestag.
De sospecha a certeza
Hasta ahora, la AfD estaba clasificada como "caso sospechoso" de extrema derecha a escala federal, pero ahora ya no ha dejado dudas. “La BfV llegó a esta conclusión después de un análisis pericial, exhaustivo, intensivo y neutral” tras revisar el informe que tiene sobre la AfD, de unas mil páginas. De conformidad con el mandato estatutario, la BfV debía evaluar las acciones del partido en relación con los principios fundamentales de la Constitución: la dignidad humana, el principio democrático y el Estado de derecho. La agencia señala en el comunicado que "la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico". Esta concepción "pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución", según la BfV, que aludió en su comunicado al "gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas" de los líderes del partido. Por eso, además de la plataforma y las declaraciones del partido federal, se examinaron en particular las declaraciones y otros comportamientos de sus representantes, así como sus vínculos con actores y grupos de extrema derecha”, afirma el comunicado.
Los vicepresidentes de la BfV, Sinan Selen y Silke Willen, consideran que las declaraciones y posiciones del partido y sus principales representantes violan el principio de la dignidad humana. El factor decisivo para nuestra valoración es la concepción étnica y basada en la ascendencia que tiene la AfD del pueblo, que devalúa grupos enteros de población en Alemania y viola su dignidad humana", señaló la vicepresidenta de la BfV. La agencia de inteligencia considera que la AfD, debido al "carácter extremista de todo el partido, que desprecia a la democracia" i supone una "amenaza para la democracia".
En un comunicado, la ministra del interior saliente, Nancy Faeser, ha defendido la decisión de la BfV al referirse a ella en un comunicado como una "evaluación clara e inequívoca". Según ha afirmado, “la AfD defiende una concepción étnica que discrimina a grupos enteros de población y trata a los ciudadanos con orígenes migrantes como si fueran alemanes de segunda”.
¿Se abre la puerta a la ilegalización?
La decisión de la BfV afecta a todo el partido de ultraderecha, que ya contaba con esa consideración de "caso seguro" de extremista de derechas en varios estados federados (los llamados Bundesländer), incluido el Estado federal de Turingia, donde ganó las últimas elecciones regionales, celebradas el pasado mes de septiembre. La decisión de la BfV no solo permite a las autoridades intensificar la vigilancia, sino que abre la puerta legal a la ilegalización del partido, dado que justifica jurídicamente la posibilidad de solicitar su prohibición ante el Tribunal Constitucional Federal. La Constitución alemana (artículo 21) establece que los partidos que buscan menoscabar o eliminar el orden democrático pueden ser declarados inconstitucionales y, por tanto, ilegalizados. Este es un sistema de protección de la actual Constitución alemana para evitar que pueda volver a ocurrir que un sufrido pueda convertir Alemania en una dictadura desde dentro del sistema democrático, como ocurrió con el ascenso de Adolf Hitler. Sin embargo, según Bild, este camino abierto por un procedimiento de prohibición se ha abierto en teoría, pero los obstáculos son muy altos. El Tribunal Constitucional exige pruebas contundentes tanto de la intención como de la capacidad real del partido para poner en peligro el sistema democrático, y actualmente, aunque existen iniciativas y debates parlamentarios, todavía no existe mayoría suficiente ni el consenso político necesario para iniciar formalmente el proceso.