El espionaje a una sesentena de dirigentes independentistas ha pasado casi desapercibido por Madrid. Se ha visto esta mañana en las portadas de los diarios editados en la capital española y en el silencio público del Gobierno. Pero hay excepciones que resquebrajan la omertá. Es el caso de Unidas Podemos, que este martes ha exigido a los ministros de Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que abran una investigación para aclarar los hechos revelados por la prensa internacional. No es la primera vez que el socio pequeño de La Moncloa reclama explicaciones sobre el espionaje político.

En rueda de prensa en el Congreso este martes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reclamado una investigación "inmediata" sobre las informaciones que se han conocido. "Deben rodar cabezas si ha habido ilícitos cometidos desde la estructura del Estado", ha asegurado Echenique, que ha instado al socio mayoritario del Gobierno a "investigar los hechos y depurar todas las responsabilidades que se tengan que depurar". Ha advertido que no puede quedar "la más mínima sombra de duda" ante unos hechos "gravísimos e inaceptables en una democracia moderna".

 

Por ahora, la única explicación de La Moncloa ha llegado por fondos oficiales. "Ni el ministerio, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO y, por lo tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios", aseguraban este lunes fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Las mismas fuentes "recordaban" que ni Interior ni las fuerzas de seguridad españolas han contratado NSO. CitizenLab, en su investigación, sugiere que hay evidencias que indican un "fuerte nexo" del espionaje con "unas o más entidades del Gobierno".

Ni rastro en la prensa de Madrid

Este lunes al mediodía la revista The New Yorker publicó que el teléfono del president de la Generalitat, Pere Aragonès, fue infectado por el sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, a partir de datos de una investigación de la organización Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Según la publicación, más de sesenta teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes han sido intervenidos con este programa, entre los cuales cita colaboradores del expresident Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye o Joan Matamala, en su último caso con otro programa. También revelan que el teléfono del eurodiputado de ERC Jordi Solé fue infectado por Pegasus. Ahora bien, ni rastro de esta información en las portadas españolas.