Los tempos de la política no son los mismos que los de la justicia. De hecho, a menudo se contraponen. ¿En un caso complejo como el del proceso contra el Govern, la Mesa del Parlament y la cúpula de los Mossos d'Esquadra, hasta dónde llega la política y hasta dónde el cepillo judicial?

Las líneas se entrecruzan hasta poder provocar en algunos casos que la acción de la justicia impida los derechos de los representantes políticos. Ya ha pasado. Con la investidura de Jordi Sànchez, cuando el Supremo le denegó el permiso para asistir al pleno. Y con la de Jordi Turull encarcelado entre la primera y la segunda vuelta de su investidura como president de la Generalitat.

Ahora la pregunta es si los plazos judiciales podrían interferir de alguna manera en la nueva investidura. Y es que el juez Pablo Llarena, una vez tenga cerrado todo el caso y con el auto de procedimiento firme, podría suspender de los cargos políticos a los consellers que están en la prisión y que tienen el voto delegado. Va de dos votos. Y de aquí la importancia de tenerlos todos asegurados y de cómo puede afectar o no el proceso judicial en la formación del nuevo Govern en el caso que haya acuerdo, candidato y no se acabe el plazo que obligue a ir a elecciones.

La fecha límite es el 22 de mayo. ¿Podría Llarena suspender a los presos políticos que todavía tienen el acta de diputados antes de esta fecha?

Para investir al president, si no hay acuerdo con la CUP, habrá que hacerlo en segunda vuelta, por mayoría simple (más votos a favor que en contra) y todos los votos de JxCat (34) y ERC (32) son necesarios —suman uno más que el bloque del no suponiendo que la CUP se abstenga, como hasta ahora—. De momento el Tribunal Constitucional mantiene el voto delegado en Carles Puigdemont y Toni Comín, desde Alemania y Bélgica.

Llarena y el voto delegado de los presos

¿Podría interceder Pablo Llarena y privar del voto de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez? Sólo en caso de que los suspenda antes de la nueva investidura; y antes de la suspensión todavía tiene que hacer algunos trámites.

Pablo Llarena tiene que resolver, antes de cerrar toda la instrucción, los recursos de prisión que hay pendientes. Justamente este miércoles se verán en la sala de vistas que preside Llarena. Irán personalmente Turull y Forcadell. Pero también se decidirá sobre la prisión provisional de Rull y Romeva.

Al margen de este trámite, hay otro que no depende de Llarena. Que es la resolución de los recursos sobre el procesamiento. Todos los acusados han presentado un recurso que cuestiona los delitos que se les imputan. Los miembros del Govern y Forcadell, rebelión y malversación. Y el resto malversación y desobediencia.

Hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no resuelva los recursos de apelación, el caso no se puede cerrar. Y por eso todavía no hay fecha.

Fuentes judiciales apuntan que los "tempos" judiciales son etéreos. Que todo sigue su curso sin prisas. Y que el calendario judicial no tiene nada que ver con el político. Y, por este motivo, es poco probable que antes de la nueva investidura, que tiene que ser antes del 22 de mayo si se quieren evitar nuevas elecciones, Llarena suspenda de sus funciones políticas Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Sànchez.

Las inhabilitaciones, con sentencia

La figura para retirar del mapa político a los diputados que están en la prisión, algunos de ellos miembros del Govern de la Generalitat, es la inhabilitación. Pero la inhabilitación sólo es posible si los acusados están en la prisión cumpliendo condena, es decir con sentencia.

Ahora mismo los presos políticos están cumpliendo prisión provisional. Todavía no se les ha juzgado y, por lo tanto, no hay sentencia, por lo que la inhabilitación no es posible.

Sí que es posible la suspensión. Para eso también hacen falta dos requisitos. El primero, estar en la prisión por un delito como la rebelión y el segundo, que el auto de procesamiento sea firme. Y este es el paso que falta.

Las euroórdenes, en el horizonte

El plazo para resolver las euroórdenes también corre. La ley prevé un plazo de dos meses. Y según el calendario que se ha seguido de trámites judiciales desde que se dictaron hasta que se empezaron a instruir, la justicia belga y la alemana tendrían que resolver entre el 16 y el 28 de mayo.

Justamente el día 16 Comín está citado. Si el juez decidiera levantar las medidas cautelares y devolverle el pasaporte, el diputado de ERC ya no podría apelar a la imposibilidad de volver a Catalunya para votar. Le podrían retirar el voto delegado. Tampoco podría poner un pie en España porque la orden de detención nacional está vigente y lo arrestarían al momento.

Pero como en el caso de Gran Bretaña, donde la justicia tiene que resolver la extradición de Clara Ponsatí después del verano, los plazos "se pueden alargar como un chicle", según fuentes del Tribunal Supremo.

La extradición de Ponsatí no se resolverá hasta pasadas las vacaciones. La de Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig no tiene fecha y también se podría alargar. Porque los trámites no están parados. Los jueces trabajan. Y no parece que Pablo Llarena les quiera apremiar a resolver. Al menos no está previsto, según las mismas fuentes.

Documentar el delito de malversación pide tiempo y el Tribunal Supremo no tiene las pruebas claras como para que la justicia europea resuelva de manera inmediata. Por lo cual, Llarena no tendrá bajo su vara de juez el gobierno en el exilio tampoco antes de la investidura ni antes de unas hipotéticas nuevas elecciones.

La toga de los abogados

Desde el punto de vista de algunos de los abogados el desenlace de todo no se ve a corto plazo. Pau Molins, que representa el exconseller Santi Vila ve incluso una vuelta a la casilla de salida.

En las declaraciones que ha hecho este martes saliendo del Tribunal Supremo ha hablado dejando caer de que el caso tardará en cerrarse y estar a punto para ir a juicio propiciando las suspensiones de los presos políticos que todavía tienen el acta de diputado: "La firmeza del auto de procesamiento va para largo porque entremedio ha aparecido información nueva del ministro Montoro".

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