El periodista Pablo González lleva ya 600 días detenido en Polonia sin juicio. González estaba el 28 de febrero del 2022 informando sobre la guerra de Ucrania desde la localidad polaca de Przemsyl, a escasos kilómetros de la frontera, cuando fue detenido y acusado de actuar como espía para la inteligencia militar rusa. 600 días después, continúa detenido de manera preventiva, sin acceso a la información de una causa por la que se le podría condenar a 10 años de cárcel; sin poder llamar a su familia y con el correo intervenido.

El mismo día en que empezó su encarcelamiento, González llamó a su esposa, Oihana Goiriena, para comunicarle que estaba detenido acusado de espionaje y le pidió que se pusiera en contacto con su abogado, Gonzalo Boye. A partir de ahí, la situación de aislamiento en la que quedó confinado ha sido un impedimento constante para acceder a información sobre su situación. Tuvo que pasar ocho meses incomunicado antes de que su esposa le pudiera visitar en la prisión, y hasta al cabo de un año no pudo recibir la primera visita de su abogado, el cual denunció las condiciones en que se encontraba su cliente, en régimen de aislamiento, con la posibilidad de salir solo una hora al día al patio, sin poder recibir visitas de familiares y amigos, y sin acceso a libros ni a información sobre su caso.

Pasividad del Gobierno

Desde el entorno del periodista, que nació en Moscú y tiene doble nacionalidad, se ha denunciado repetidamente la pasividad del Gobierno en este tema. El caso se encuentra en manos del Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional ha pedido su puesta en libertad.

Su entorno confía en que después de las elecciones que se han vivido el pasado fin de semana en Polonia, que han apartado el gobierno ultraconservador del poder y han abierto la puerta a un ejecutivo encabezado por la coalición liberal de Donal Tusk, la situación del periodista mejore.