El juicio del caso Kitchen ha puesto el foco en la gestión de los fondos reservados utilizados para captar como confidente al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos. Varios testigos han apuntado este martes hacia el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, como responsable del control efectivo de este dinero. El coronel retirado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que entre 2013 y 2015 tenía competencias sobre estos fondos, se ha definido como un simple “cajero” encargado de tramitar los pagos globales sin conocer el detalle. “Arriba lo que sube es la hoja global por conceptos. Y, además, por conceptos genéricos”, ha explicado ante el tribunal. También ha asegurado: “Yo nunca detecté ninguna irregularidad”.
Según su testimonio, la responsabilidad de que el dinero se destinara a fines legales correspondía a la Dirección Adjunta Operativa, liderada por Pino. Pérez de los Cobos ha remarcado que no recuerda haber visto referencias a la operación Kitchen, Bárcenas o Gürtel en la documentación, a pesar de que cada mes se gestionaban más de un centenar de operaciones.
Más contundente ha sido el comisario Felipe Eduardo Lacasa, exsecretario general del DAO, que se ha definido como “el cajero pagador” de los fondos reservados. Ha asegurado que recibía órdenes directas de Pino para entregar dinero a varios mandos implicados en la trama. “Pino llevaba algunas operaciones por su cuenta. El propio DAO pasaba con alguno de los colaboradores y me decía: ‘Dale lo que te justifique’”, ha declarado. Lacasa también ha detallado que los pagos a Sergio Ríos se hacían con justificantes firmados, y que conoció su identidad como chófer de Bárcenas a través de otro mando policial. Sobre el papel del comisario José Manuel Villarejo, ha destacado que “era muy puntilloso en todo lo que solicitaba y justificaba hasta el último céntimo”.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Pino al frente de la operación Kitchen, junto con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Según la acusación, se acordó espiar a Bárcenas y a su esposa y pagar al chófer con fondos reservados como contraprestación por información. Los investigadores han cuantificado en al menos 54.000 euros los pagos a Ríos entre 2013 y 2015, además de otros gastos vinculados a la operación, incluida la compra de un arma. El debate clave del juicio sigue siendo quién autorizó estos fondos y quién conocía realmente su finalidad.
Además, Pérez de los Cobos ha explicado que el sistema de control de los fondos reservados se basaba en una revisión formal de la documentación, sin entrar en el contenido de las operaciones. Según ha dicho, el Ministerio del Interior se limitaba a comprobar que “la suma de los conceptos coincide con la cantidad solicitada”, pero no investigaba el detalle de los pagos ni la identidad de los confidentes.
El coronel también ha admitido que no se impulsó ninguna auditoría interna a pesar de que las primeras informaciones sobre el caso Kitchen se hicieron públicas en 2015. En este sentido, ha defendido que el sistema funcionaba por una relación de confianza entre los diferentes niveles de mando, dejando en manos del DAO la verificación final del uso de los fondos.