El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordado que la derecha españolista y el Tribunal Constitucional "utilizaron Catalunya como banco de pruebas". Lo ha manifestado después del desafío del TC a Pedro Sánchez, al haber frenado la reforma judicial en el Senado — que incluía medidas pactadas por ERC como la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación. "Utilizaron Catalunya de banco de pruebas y hoy, envalentonados, lo aplican por todas partes", ha expresado en un tuit. El problema es que "la derecha españolista secuestra instituciones", cosa que Aragonès cree que solo se superará con "una agenda valiente y progresista" en la cual "Catalunya sea definitivamente una república soberana".
Quien también ha reaccionado a la decisión del Constitucional es Carme Forcadell, quien ya vivió en primera persona la injerencia del tribunal de garantías. En un tuit, quien fue presidenta del Parlament el año 2017 ha reprochado que "la España progresista se ha escandalizado porque el TC ha paralizado una votación en el Senado, porque se ha atacado la base de la democracia y la separación de poderes". "En Catalunya no nos extraña nada. Hace años que lo sufrimos, por eso queremos una República catalana justa, libre y feminista", ha defendido.
El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha ironizado con el hecho de que el TC "decide paralizado un pleno del Senado que no le gusta". La broma del dirigente republicano continúa con la idea de que el tribunal de garantías también ha decidido "dar una Champions más al Real Madrid, hacer presidente del Congreso a Pepe Reina (portero español de fútbol) y calificar los sobresueldos del PP como propina". En otro tuit, ha adoptado un ademán más serio para decir que "lo peor no es el hecho (enmendable si el Gobierno presenta una Proposición Ley), lo peor es el precedente". "¿Cuántos plenos más pueden suspender a estos jueces recusados?", se ha preguntado.
Por primera vez en cuarenta años de historia, el Constitucional ha ordenado suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales. Concretamente, un TC con mandatos caducados ha frenado la reforma judicial para renovarlo que se tenía que votar en el Senado — después de que se haya podido votar en el Congreso de los Diputados. El Senado, el Congreso de los Diputados y el Gobierno han decidido acatar la decisión del tribunal de garantías, a pesar de la crisis constitucional desatada. En cambio, PP, Vox y Ciudadanos han celebrado con euforia el desafío del Constitucional a Pedro Sánchez.