Fuerte disputa la que se ha producido este miércoles en el Parlament entre el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y la CUP por el desahucio que los Mossos efectuaron ayer en el bloque Gayarre de Sants, en Barcelona.

Un fuerte despliegue de los Mossos, el cual el diputado Vidal Aragonès ha cuantificado en una decena de furgones y 100 agentes, desalojó de este bloque a cuatro familias con seis menores a cargo. Uno de los menores es un bebé con diez días de vida.

Aragonès ha cargado duramente contra Sàmper por este desahucio asegurando que "estas imágenes nos hacen daño". El parlamentario anticapitalista ha calificado la actuación de la policía catalana "de inadmisible" y ha afirmado que "con los 30.000 euros" que ha dicho que vale el despliegue de ayer "se podría pagar la vivienda de muchas familias".

A la hora de responder, el conseller Sàmper no se ha querido dejar nada en la chistera y ha acusado a la CUP y las organizaciones de la izquierda independentista "de impedir la mediación". "Ustedes ayer impidieron la mediación porque les conviene que haya intervenciones de los Mossos ahora que hay elecciones porque es su target", ha acusado.

Samper ha añadido que ayer Interior sólo envió a agentes de mediación, "con camisa y gorra para que nos entendamos", y agentes de orden, siendo este un compromiso adoptado por él mismo para todos los desahucios. "Basta ya de modificar la realidad y basta ya de decir mentiras. Una cosa es lo que me dice la diputada Maria Sirvent en privado y otra cosa lo que dicen aquí", ha dicho mientras la diputada negaba con la cabeza desde su escaño.

Posteriormente, Sirvent ha exigido a Sàmper retirar la acusació contra la CUP de impedir la mediación, la cual ha tildado de "miserable i mentira".

El Ayuntamiento, dispuesto a pagar el alquiler

Sobre este tema, el Ayuntamiento de Barcelona se ofreció al propietario para pagar el alquiler de las familias según el índice de referencia, sin embargo, según la portavoz de la Plataforma por la Vivienda de Sants, la empresa no quiso negociar.

"Se ha intentado establecer una negociación con el propietario para que les dé un alquiler social. Es un gran propietario que divide sus viviendas en diferentes empresas. No ha habido respuesta a esta demanda", dijo la portavoz de la organización.

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