Patrimonio Nacional asume gastos extras de la casa real que en ningún caso forman parte de los criterios estatutarios marcados por esta institución. El último ejemplo lo ha confirmado el mismo gobierno de Pedro Sánchez. A través del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores del yate Fortuna de Juan Carlos I. En total, el gasto llega a 1.235.441 de euros. El emérito renunció a la tripulación el año 2013 y ahora sale a la luz.

El importe se recoge no por un acto de transparencia sino por el interés personal de un diputado en el Congreso. Los más de 1,2 millones vienen dados como respuesta parlamentaria del ejecutivo al senador de Compromiso, Carles Mulet, que pedía explicaciones al Gobierno del coste por "el despido improcedente" de los diez trabajadores de este yate. El mismo Mulet ha publicado a través de twitter las razones que le han dado. El pago a los trabajadores se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado a través de una transferencia del Ministerio de la Presidencia. Para asumir el gasto total, se ordenó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado de 2013.

Según se justifican, el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna, que se desató a través de un real decreto. Eso implicó liquidar el contrato de mantenimiento del yate que, hasta entonces, Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia SA. Esta compañía fue liquidada, curiosamente, en el 2019. El último propietario era Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid. La decisión se tomó siete años después de abandonar la actividad de construcción de barcos y despedir a toda la plantilla por falta de pedidos. Boluda es un amigo íntimo de Juan Carlos y uno de los que lo han apoyado ahora que se ha marchado a los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué hace Patrimonio Nacional?

Si repasamos su portal web, podemos leer que desde Patrimonio Nacional se centran en unos "talleres necesarios para poder atender tanto la restauración de obras de arte como para dar apoyo a los actos oficiales que en los diferentes palacios se organizan en representación del jefe del Estado". A modo de ejemplo, este sábado reabren el Jardín de la Isla de Aranjuez en un trabajo progresivo para restablecer los jardines botánicos estatales. Ahora bien, según los últimos datos públicos del 2015, se destinan 122 trabajadores a la Zarzuela. Hay varios perfiles, entre ellos un arquitecto técnico y una ingeniera, pero también especialistas en protocolo para saber cómo actuar dentro de las dependencias del palacio.

El pasado mes de enero ya sumó otro escándalo. La entidad se ha fijado gastar para este 2021 hasta 500.000 euros en el mantenimiento de tres piscinas de la Casa Real. Este dinero sale del Ministerio de Presidencia. Un órgano que tiene, oficialmente, la finalidad de preservar el patrimonio histórico y cultural, pero no una piscina particular sin ningún tipo de atractivo arquitectónico. En el caso de las piscinas, son dos de verano y una climatizada para la temporada de invierno. Y se excusa con el hecho de que cumple el decreto marcado por el Ministerio de Sanidad que establece "el cuidado de espacios públicos y privados". A efectos prácticos, en estas piscinas tan sólo se pueden bañar Felipe VI, su familia y sus invitados.