Mientras la relación entre el PSOE y Junts per Catalunya agoniza, con la previsión de una reunión clave de la ejecutiva de los junteros este próximo lunes en Perpinyà para decidir el futuro de Sánchez, el Parlament de Catalunya ha debatido este jueves dos cuestiones que los de Carles Puigdemont consideran como "carpetas pendientes" de los socialistas hacia Catalunya: las competencias en inmigración y la ley contra las ocupaciones delincuenciales. Sin embargo, ninguna de estas dos mociones ha sido presentada por Junts per Catalunya, sino que lo ha hecho Esquerra Republicana y el Partido Popular, respectivamente.
Por un lado, la cámara catalana ha vuelto a reclamar las competencias en inmigración e insta al Govern de la Generalitat a exigir al Ejecutivo español que intensifique las gestiones con los grupos parlamentarios para cumplir, de manera “inaplazable”, con el traspaso de las competencias en materia de inmigración a Catalunya. Se trata de una moción presentada por ERC y enmendada por el PSC-Units, que ha recibido el apoyo de estas dos formaciones, así como de Junts, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que PP y Vox han votado en contra. El texto reclama que el traspaso incluya los permisos de residencia, trabajo y las políticas de acogida, “tal como había sido negociado y acordado”, con los recursos económicos correspondientes.
Este traspaso es uno de los acuerdos que el PSOE y Junts pactaron durante la investidura del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero que finalmente decayó en el Congreso a causa del voto contrario de PP, Vox y Podemos. Durante el debate parlamentario, el diputado de ERC Jordi Viñas ha defendido que Catalunya “no puede seguir esperando que desde Madrid se resuelva una realidad que solo se vive y se gestiona desde la proximidad”, y ha pedido evitar discursos que criminalicen la inmigración. De hecho, el traspaso de las competencias es básicamente un traspaso de las herramientas para que la cámara catalana pueda hacer políticas propias, aunque posteriormente, durante el debate, cada grupo ha dicho la suya de cómo se debe gestionar. Por su parte, la diputada socialista Ivana Martínez ha remarcado que ampliar el autogobierno “no sirve de nada si no es para hacerlo mejor”.
Junts pide al PSC que haga los deberes en Madrid
Desde Junts, la diputada Ennatu Domingo ha calificado de insólito que ERC presente una moción para reclamar lo mismo que su formación había exigido, mientras —ha dicho— “algunos de sus miembros nos tildan de racistas”. También ha interpelado al PSC para que “haya hecho los deberes en Madrid”. En cambio, el PP ha rechazado la propuesta, argumentando que la Generalitat no ha demostrado capacidad para gestionar correctamente la atención a los menores tutelados, y ha acusado al PSOE de “blanquear el proceso separatista”.
Los Comuns, la CUP y Aliança Catalana también han intervenido para expresar posiciones muy diferentes. Andrés García Berrio (Comuns) ha defendido disponer de más herramientas para garantizar derechos y combatir la exclusión, criticando el discurso de Junts sobre “desbordamiento y colapso”. La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha defendido tener “todas las competencias” para garantizar derechos y ha reclamado cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y aprobar la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes. Finalmente, Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, ha asegurado que quieren estas competencias “para ejercer un control propio de fronteras, detener la avalancha migratoria y fiscalizar la inmigración”, evidenciando su discrepancia con el resto de formaciones que lo han apoyado.
Desalojar ocupaciones delincuenciales en 24 horas
Por otro lado, la cámara catalana también pide que el Govern reclame al gobierno español el impulso de "modificaciones legales" en el Congreso de los Diputados para poder desalojar ocupaciones delincuenciales en 24 horas, una propuesta que es fruto del colegio de abogados y que ha contado con el apoyo de PSC, Junts, PP, Vox y Aliança. Del mismo modo, se ha validado apoyar las proposiciones de ley de reforma del Código Penal en tramitación en el Congreso que buscan endurecer la respuesta a la multirreincidencia delictiva, y acelerar su tramitación por el procedimiento de urgencia. De hecho, una de estas propuestas, de Junts per Catalunya, está "bloqueada" por el PSOE en la cámara baja española y fue uno de los temas tratados en la reunión entre Carles Puigdemont y varios alcaldes de Junts.