El caso de las licencias de edad ya empieza a ver la luz al final del túnel. La Mesa del Parlament ha anunciado este miércoles una propuesta de acuerdo con el fin de reincorporar a aquellos trabajadores de la cámara que se vieron beneficiados por esta medida laboral aprobada en 2017 y derogada este año. A mediados de enero se reveló que las llamadas licencias de edad permitían que los empleados cobraran sin trabajar una vez superados los 60 años, con un coste anual de 1,7 millones de euros. No fue hasta los últimos días de julio que, después de varios aplazamientos y prórrogas, se llegó finalmente a un acuerdo con un nuevo sistema de reducción de jornada y de sueldo progresiva con bonificaciones para reemplazar las licencias de edad. También se fijó que los mismos tendrían que reincorporarse a partir del 1 de noviembre.
Este último punto se mantiene vigente todavía. A partir de Todos los Santos, los 27 trabajadores obligados a retornar a sus puestos laborales del total de 32 que han recibido el privilegio (los cinco restantes no se sienten interpelados porque les queda menos de un año para llegar a la edad legal de jubilación) tendrán que empezar a reincorporarse al Parlament. Una reincorporación que se alargará durante cuatro fases y que empezará por los últimos a recibir la promoción. La primera empezará a partir de la próxima semana, cuando doce trabajadores que tenían concedidas las licencias de edad antes de su derogación tendrán que volver a la cámara. La segunda empezará como máximo el 1 de mayo de 2023 e incluye a cinco personas que recibieron la concesión durante en 2021. Y la tercera fase afecta a un total de diez funcionarios que empezaron a disfrutar de ellas en 2019 y 2020.
El consejo de personal no firma el acuerdo
Todos los trabajadores que se reincorporan, sea en la fase que sea, pueden optar por hacerlo presencialmente o por teletrabajo, modalidad que incluirá un seguimiento de las tareas ejecutadas. El acuerdo llega después de un largo proceso de diálogo con los trabajadores afectados, mientras que el consejo de personal de la cámara ha sido informado sin haber firmado el acuerdo.
Los trabajadores afectados tendrán la opción de presentar un recurso contra la obligatoriedad de volver al puesto de trabajo, si bien tendrán que hacerlo mientras no haya medidas cautelares. Fuentes parlamentarias han explicado que el sistema de fases pretende hacer más fácil la reincorporación y conseguir el encaje de los nuevos trabajadores en el organigrama laboral. El acuerdo tendrá que pasar este jueves por la Comisión de Asuntos Institucionales, que lo tendrá que aprobar, después de que la Mesa del Parlament lo haya aprobado por mayoría.