La noticia fue filtrada este miércoles por la noche, pero no se ha comunicado al Parlament de Catalunya hasta este jueves al mediodía, casi a la hora de comida. La Junta Electoral Central ya ha notificado a la Mesa de la cámara su resolución, que ordena la retirada del escaño de Laura Borràs. Tan pronto como se ha recibido esta comunicación, la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés, ha convocado una reunión extraordinaria del órgano de gobierno de la cámara. Y este ha decidido agotar la vía judicial y presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, pidiendo la suspensión de la decisión. La decisión ha sido avalada por la mayoría independentista del pleno. Es el mismo movimiento que se siguió en los casos de Pau Juvillà y el expresident Quim Torra, hecho que no detuvo la retirada de los escaños.
Todo ha ido según el guion que ya estaba previsto. Así, tan pronto como se ha recibido la notificación (con fecha de ayer), Alba Vergés ha convocado una reunión extraordinaria de la Mesa. Según fuentes parlamentarias, la mayoría del órgano de gobierno de la cámara ha acordado seguir la línea de los dos precedentes anteriores y presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta Electoral Central y la solicitud de medidas cautelares. Estas mismas fuentes consideran que es "la única vía capaz de suspender el acuerdo de la JEC", aunque en los casos de Torra y Juvillà no fructificó.
De esta forma, se ha alterado el orden del día del pleno para debatir y votar el acuerdo de la Mesa. Y el recurso contencioso ha salido adelante con los votos a favor de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP. Los comunes se han abstenido para no desvincularlo del "fondo" de la cuestión: la condena a Borràs. El PSC, Ciudadanos, el PP y la extrema derecha de Vox han votado en contra.
Debate en bloques
Durante el debate en el Parlament, el jefe de filas de Junts, Albert Batet, ha advertido que "por el prestigio del Parlament no podemos someter la política catalana a la arbitrariedad de la justicia española". Y ha comparado el caso de Laura Borràs con el del exdiputado cupero: "Ambos sin sentencia firme, por parte de un órgano administrativo que saca el escaño". La respuesta de la CUP no se ha hecho esperar, a través del diputado y secretario de la Mesa Carles Riera. “Ambos casos no tienen nada que ver”. El anticapitalista, que no ha entrado "en el fondo de la cuestión", ha metido el dedo en la llaga de la líder de Junts: "No consideramos legítimo que este Parlamento haga con ella lo que ella no quiso hacer con el señor Juvillà por acción o por omisión”. ERC también ha votado a favor del recurso y también ha evitado entrar a valorar el "comportamiento" y la "causa" de Borràs. El diputado Jordi Orobitg defendió su voto favorable para defender el reglamento del Parlament y la separación de poderes.
En el otro lado, la oposición encabezada por el PSC. El socialista Ferran Pedret ha advertido a los partidos independentistas que "no podrán encontrar nuestra colaboración en los intentos de dilatar los tiempos" y ha criticado que "el daño que se está haciendo en la institución, en su prestigio, es severo". Ciudadanos ha ido más allá y ha anunciado que denunciará a los miembros de la Mesa que han acordado la interposición del recurso.
La resolución de la JEC
En una resolución enviada este jueves, la JEC, inspirándose justamente en los casos de Quim Torra y Pau Juvillà, ordena que se la dé de baja porque, a su entender, concurre en causa de "inelegibilidad sobrevenida" y reclama que asuma el acta de diputado el siguiente a la lista de Junts, que es Antoni Castellà. El Parlament, que había presentado alegaciones como la defensa de Borràs, ha recibido la notificación sobre la una y media de la tarde.
La JEC se vuelve a inspirar en la Ley Orgánica de Regulación Electoral General (LOREG), que en el artículo 6.2.b) explica que son causa "de inelegibilidad sobrevenida" los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública, entre los cuales está el delito de prevaricación a la cual Borràs ha sido condenada por el TSJC. Esta interpretación de la condena hace incompatible sus derechos para ser escogida como candidata y para ejercer como diputada autonómica.