Un día después que el TSJC planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Govern i el Parlament en respuesta a la imposición del 25% de castellano en las aulas, el PP y Ciudadanos se han aliado para llevar la nueva normativa al Tribunal Constitucional. Entienden que el Govern vulnera la Constitución al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya.

La presentación de los recursos ya fue avanzada en mayo pasado, una vez aprobada la nueva ley en el Parlament con el apoyo de ERC, Junts el PSC y los comuns. El recurso afecta los artículos que fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los referidos al uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria. El recurso sostiene que tanto el decreto como la ley omiten cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Catalunya, vulnerando la Constitución española, el Estatut y la propia doctrina del Tribunal Constitucional.

Contra el decret

El PP considera que la justificación del Govern para utilizar un decreto Ley, alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023, no es válida, dado que considera que "en realidad, la inaplazable urgencia que predica el decreto es la pretendida cobertura jurídica para eludir el inmediato cumplimiento de la sentencia del TSJC respecto de la que se ha suscitado incidente de ejecución que obliga a la Generalitat a ejecutarla". El recurso añade que se pretende erigir dicha norma en un supuesto de "imposibilidad legal" de ejecutar el fallo de la sentencia del TSJC y que "la extraordinaria y urgente necesidad únicamente deriva de la urgencia en disponer de un instrumento normativo que le permita oponer esta 'imposibilidad legal' de ejecución en los plazos procesales propios del incidente de ejecución de la sentencia".

El PP y Ciudadanos también impugnan que se elimine totalmente cualquier referencia normativa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya, cuando, a su entender, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares. Sostienen que en dichas normas se recoge el uso del catalán como lengua normal en la acogida del alumnado, por lo que el catalán puede desplazar y excluir por completo al castellano.

Otros fundamentos del recurso se centran en que las normas  vulneran preceptos constitucionales relacionados con la autonomía de los centros garantizada por la normativa básica del Estado y con la alta inspección como competencia exclusiva del mismo, además de la competencia del Estado para la regulación del uso del castellano.