La Mesa del Parlament ha acordado este martes incoar un expediente disciplinario a la exsecretaria general del Parlament, Esther Andreu, por la polémica que se desencadenó con la incorporación de su hijo como ujier de la cámara catalana, motivo por el cual acabó dimitiendo. Después del contundente informe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en el que alertaba de una decena de irregularidades —una de las cuales era que podía haber un posible conflicto de interés en este caso—, el Parlament acordó abrir un "periodo de información" sobre las incidencias detectadas en este procedimiento. Del proceso, ha resultado el informe de un letrado, que recomienda incoar este expediente (de una duración máxima de seis meses) por el hecho de que Andreu no se abstuvo desde el inicio en este proceso selectivo. No obstante, este análisis jurídico preliminar también considera que la exsecretaria general —que forma parte del personal de letrados de la cámara catalana— no influyó en el procedimiento ni tampoco se constata "intencionalidad" para la contratación de su hijo.

Fuentes de la Mesa defienden la adopción de esta medida y afirman que "en ningún caso supone prejuzgar nada". Hacen énfasis en el hecho que lo que les lleva a tomar esta decisión es que no se abstuviera del proceso selectivo desde el principio. Además, se ha acordado que el instructor de este procedimiento sea el actual secretario general del Parlament, Albert Capelleras. Uno de los pasos de este expediente será una audiencia con Andreu para aclarar todos los hechos. A partir de aquí, las posibles medidas que se puedan adoptar —o no— se basarán en aquello que rige por la ley de función pública y los Estatuts del Règim i el Govern Interiors de la cámara catalana.

La polémica por el caso del hijo de Andreu como ujier

Al principio de mayo de 2022, el hijo de Esther Andreu conseguía una plaza interina de ujier después de un proceso selectivo a través de una bolsa de trabajo para esta posición en la cámara catalana. La Mesa lo nombró sin conocer el parentesco con la entonces secretaria general. Algunos grupos se quejaron de que Andreu no habría advertido el órgano rector de la cámara de un eventual conflicto de intereses durante este proceso de selección. Inicialmente, ella defendió que no había participado ni directa ni indirectamente de este procedimiento y que por esta razón no había considerado pertinente informar a la Mesa sobre su vínculo familiar con uno de los aspirantes. A finales del mes de mayo, sumadas las polémicas por el caso de Pau Juvillà y las licencias de edad, Esther Andreu presentó su renuncia como secretaria general de la cámara catalana.

En el informe de Antifrau de octubre de 2023, donde informa de diez irregularidades, el órgano indica que "la entonces secretaria general se encontraba en una clara situación de conflicto de interés real en su intervención en el proceso selectivo, el cual no se gestionó adecuadamente". En opinión de Antifrau, "concurría una causa de abstención a partir del parentesco de consanguinidad en primer grado con uno de los aspirantes" y por eso esta contratación podría ser "nula de pleno derecho". Por su parte, el departamento de Recursos Humanos del Parlament concluyó que "las carencias o defectos de procedimiento indicadas por la OAC no suponen infracciones del ordenamiento jurídico que puedan dar lugar al procedimiento de revisión de oficio, ya sea por nulidad o por anulabilidad". Desde la perspectiva de esta área, se trataría de una "irregularidad no invalidante".

Después del periodo de información, se ha recomendado incoar el expediente disciplinario, paso que ha adoptado la Mesa este martes. Uno de los aspectos que se señalaba en la respuesta del Parlament a Antifrau es que este último órgano afirmó en junio de 2022 que "no se desprendía ningún dato que llevara a afirmar que se hubiera producido una influencia indebida por parte de la secretaria general o persona interpuesta en los resultados del procedimiento".