Un pacto de la Fiscalía Anticorrupción con los principales acusados del caso Gao Ping u operación Emperador, destapado en 2012, ha vuelto a poner en cuestión la intervención de la Banca Privada d’Andorra (BPA), y su filial Banco Madrid, en 2015. El cierre de la entidad bancaria se produjo por las supuestas acusaciones de que blanqueaba dinero a diferentes países, como de la mafia china —Gao Ping-, que se investigaba en el Estado español, que es quien habría avisado al Tesoro estadounidense (FinCEN), que hizo una nota de alerta contra la BPA, aunque años después fue retirada de su sistema. Todo coincidió con la operación Catalunya, donde agentes de la policía española coaccionaron al propietario de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco, y al exCEO de la BPA, Joan Pau Miquel, para obtener información bancaria de la familia del president Jordi Pujol y de políticos catalanes o “la entidad morirá”, como pasó.
Las autoridades judiciales de Andorra se han quedado heladas por este pacto de la Fiscalía española con unos 70 de los 106 procesados, sin incluir a Gao Ping. ¿Por qué? Sobretodo porque Anticorrupción ha rebajado las elevadas penas de prisión que pedía a penas de multa al empresario Rafael Pallardó Calatrava, acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental, al aplicarle las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño. Pallardó confesó que blanqueaba dinero de los negocios de Gao Ping, entonces establecido en Madrid, desde Andorra, a través de la BPA a cuentas de la República Popular China. Se asegura que Pallardó desvió unos 14 millones de euros, y cobró una comisión de 180.000 euros, entre los años 2011 y 2012.
El empresario clave, casi exonerado
Pallardó, sin embargo, no fue juzgado en Andorra, en el primer juicio contra exdirectivos de la BPA. El empresario fue uno de los testigos clave y el Tribunal de Corts de Andorra impuso, el julio pasado, penas más severas para siete directivos de la BPA, que las ahora acordadas en la causa de origen en el Estado español. Joan Pau Miquel fue condenado a la pena más alta: 7 años de prisión y multa de 30 millones de euros, además de inhabilitación a cargo financiero. Cabe recordar, además, que Pallardó denunció a fiscales de Anticorrupción por supuestamente coaccionarlo para que dijera que había movido dinero de la familia Pujol Ferrusola; la Fiscalía Superior de Catalunya lo archivó.
Un directivo de la BPA, entre los acusados
La rebaja sustancial de la condena a Pallardó ha provocado que la Fiscalía de Andorra pida más tiempo para responder a los recursos de los exdirectivos de la BPA contra su condena. Tenía que responder a los recursos este 31 de julio, y ahora la Fiscalía tiene de plazo hasta el 31 de octubre, según fuentes cercanas a las defensas.
La Audiencia Nacional hizo la audiencia preliminar del juicio del caso Gao Ping el pasado 31 de mayo, y como no hubo una conformidad de todos los acusados, ahora se tiene que buscar una fecha de juicio. De los que ha aceptado el acuerdo, también está la mano derecha de Gao Ping, Lin Wei.
Aparte, hay una segunda trama con clanes familiares chinos, según el fiscal que firma la conformidad, Juan José Rosa. El fiscal, además, ha retirado la acusación contra el actor porno Nacho Vidal, acusado inicialmente porque la empresa que compartía con su hermana habría hecho algunas actuaciones con Pallardó.
Sin embargo, uno de los acusados que no ha aceptado el pacto con la Fiscalía es Sergi Fernández Genés, entonces director de la Banca Privada Internacional de la BPA; el único de la BPA investigado por supuestamente “distribuir dinero en efectivo con facturación ficticia”. Su abogado, Jordi Pina, sostiene que no ha cometido ningún delito, y menos el de organización criminal, que Anticorrupción mantiene para todos. Además, Fernández también fue condenado en la primera sentencia de la BPA en Andorra, que ha recurrido.
Después de impulsar diferentes litigios para reclamar responsabilidades por el daño causado a la BPA y a sus empleados, la familia Cierco espera que la Audiencia Nacional admita ahora la querella contra directivos del Banco de España y del Seplac, a quienes hace responsables del cierre de la entidad bancaria andorrana. En Andorra, una jueza continúa la investigación contra el expresidente del PP Mariano Rajoy y la policía patriótica.