La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa la última querella que el propietario de la Banca Privada de Andorra (BPA), Higini Cierco, y el exCEO de la entidad, Joan Pau Miquel, presentaron el abril pasado a la justicia española contra agentes de la policía española del PP por coaccionarlos para obtener datos de la familia Pujol Ferrusola y de políticos catalanes, el año 2014. La operación Catalunya provocó el cierre de la BPA y de su filial, Banco Madrid, en 2015. Las coacciones a los responsables de la BPA ya hace años que se investigan en Andorra, dirigida contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy; los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, además de responsables policiales, que avanza a paso de tortuga por los palos en las ruedas de la justicia española. Ahora el tribunal español ha de resolver si la admite a trámite.

Inicialmente, el titular del juzgado de instrucción 27 de Madrid, donde recayó la querella de los responsables de la BPA, no la admitió al asegurar que “no era competente” porque los hechos relatados habían ocurrido también en Andorra, fuera del Estado español, y, por lo tanto, sería competencia de la Audiencia Nacional. Indicaba que los hechos recogidos “exceden del delito que formalmente se imputa en la querella —prevaricación administrativa— y se proyecta, al menos indiciariamente por conexidad, con otros cometidos en Andorra”.

Nuevo trámite

Ahora, la Audiencia de Madrid ha dado parcialmente la razón a la familia Cierco y a Miquel, e indica que el juzgado de Madrid debería haber dictado primero “la inadmisión y el archivo”, antes de elevarla, según ha avanzado El Mon y ha confirmado ElNacional.cat, este lunes. El juzgado lo subsanó el verano pasado. Ahora, la Audiencia de Madrid deja constancia de ello, en su respuesta al recurso presentado, hecho que ha permitido activar la querella de la BPA, que hace unas dos semanas ya está en la mesa de la Audiencia Nacional, según informan desde la acusación a este diario.

Juicio a los Pujol

Higini Cierco y Joan Pau Miquel no se han cansado de denunciar que fueron extorsionados, además de insistir en que la BPA no estuvo inmersa en ningún proceso irregular. La prueba es que las autoridades norteamericanas han retirado del sistema la nota del FinCen, que apuntaba un supuesto blanqueo de capitales, alertados por la policía española, según sostienen. Una retirada que les perjudica para reclamar toda la documentación del caso. Cierco y Miquel han declarado en el Congreso de los Diputados en la comisión de investigación de la operación Catalunya, impulsada por Junts. Ambos también declararon como testigos en el juicio a la familia Pujol Ferrusola y nueve empresarios en la Audiencia Nacional.

Precisamente, los principales policías implicados, como el comisario José Manuel Villarejo, admitieron acciones en Andorra, pero se sacudieron responsabilidades, en su declaración como testigos en el juicio a los Pujol. Salió un nuevo nombre entre los implicados en la operación Catalunya  en Andorra, Pedro Esteban, de la comisaría de Barcelona, que salía en una grabación de Villarejo con Eugeni Pino, exDAO policial, hablando contra los jueces soberanistas, los cuales también han visto reabierta la investigación que han reclamado.

La grabación, clave

En la querella, se sostiene que hubo “un plan preconcebido y perfectamente coordinado” entre miembros de la Policía española y responsables políticos que,”inicialmente intentan obtener información bancaria de determinados políticos catalanes”.

En el juicio, Higini Cierco negó haber dado las cuentas de los hijos de Pujol, que publicó El Mundo el 7 de junio de 2014, conocido como pantallazo. Esta publicación provocó la confesión del president Pujol que su familia tenía dinero no declarado en Andorra, proceso judicial del cual, finalmente, ha sido excluido porque su estado de salud no le permite defenderse. Por su parte, Joan Pau Miquel admitió haber aportado un documento antiguo, que los mismos policías descartaron.