La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado la investigación que abrió a los fiscales del caso 3%  José Grinda y Fernando Bermejo -en la imagen- a raíz de la denuncia que presentó contra ellos el empresario Rafael Pallardó, imputado en el caso Emperador, para coaccionarlo para que incriminara a Jordi Pujol.

Según han informado en Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado el caso, al considerar que no están probadas las coacciones de que Pallardó asegura que fue víctima por parte de los fiscales para que vinculara al expresidente de la Generalitat con movimientos de fondos de la Banca Privada de Andorra (BPA).

En su denuncia, que también dirigía contra el fiscal Anticorrupción Juan José Rosa, el empresario aseguró que fue presionado por los fiscales para que involucrara a Pujol bajo la advertencia que perdería los favores procesales que le habían prometido, por colaborar en el "caso Emperador" confesando que se dedicaba a llevar dinero de la red de Gao Ping en el BPA.

Fue el fiscal en jefe de Anticorrupción Manuel Moix, que dimitió la semana pasada después de hacerse pública su participación en una sociedad familiar radicada a Panamá, quien remitió la denuncia de Pallardó en la Fiscalía de Catalunya para que investigara a los fiscales, al apreciar posibles delitos de coacciones que, en su caso, correspondería enjuiciar el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Fiscalía ha archivado el caso después de tomar declaración al propio Pallardó, que ratificó las coacciones denunciadas, y a los dos abogados que lo acompañaban a la reunión con los tres fiscales, celebrada en marzo del 2015 en un despacho del ministerio público del Palacio de Justicia en Barcelona.

Iniciales de los Pujol

Como ya hizo delante de Moix en marzo, Pallardó mantuvo ante el fiscal que Grinda i Bermejo lo instaron a entregar unos correos electrónicos destinados a él, en los cuales la Banca Privada de Andorra le pedía que entregara unas cantidades de dinero a unas personas con las iniciales JP, JPM y JPmarta.

Según Pallardó, los fiscales le insistieron para que admitiera que estas iniciales correspondían al expresidente catalán Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola y se mostraron visiblemente airados cuando el empresario se negó a hacerlo, a la hora que le advertían que perdería los favores procesales que le habían prometido.

El empresario explicó en la Fiscalía Superior de Catalunya que colaboró en la investigación del "caso Emperador" sobre presunto blanqueo de capitales en la cual está imputado, facilitando pistas que permitieron a la policía seguir el rastro de los movimientos económicos ilícitos.

No obstante, precisó que no estaba dispuesto a mentir sobre la identidad de JP, que según precisa no era Jordi Pujol sino un exdirectivo del BPA.

El empresario sostiene además en su denuncia que, ocho días antes de la reunión con los fiscales, su abogado lo instó a viajar a Andorra para reunirse con un oficial de la policía del Principado, con la finalidad de colaborar con la justicia, garantizándole que, aunque tenía prohibido abandonar el país para estar imputado en el "caso Emperador", Grinda estaba al corriente de la situación.

Fiscal general de Andorra

Pallardó asegura que, una vez en la comisaría Andorrana, le tomaron declaración formal mientras recibía una llamada del fiscal general de Andorra que le transmitió el mensaje de Grinda que cumpliría con aquello prometido siempre que declarara en el sentido que interesaba a la policía andorrana.

Cuando acabó su declaración, añade al empresario, fue detenido un exdirectivo de BPA e intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA), propiedad de la familia Cierco, para canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

Por su parte, los fiscales denunciados siempre han negado las acusaciones de Pallardó y mantienen que este les exigió dinero de los fondos reservados a cambio de inculpar a Pujol.

Precisamente, Moix decidió el mes de abril pasado apartar del caso del 3% sobre supuesto pago de comisiones en CDC a los fiscales Grinda y Bermejo, pero quedó en suspense después de la reunión del Consejo Fiscal del mes de mayo pasado, a la espera de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recoja más información sobre el relevo planteado.