Después de semanas de movilizaciones, el Departament d’Educació ha conseguido cerrar un preacuerdo con los sindicatos mayoritarios, USTEC y Profesores de Secundaria, que a partir de este lunes será sometido a consulta entre el profesorado. La entente, sin embargo, no ha contado con el apoyo de todos los representantes sindicales. En la recta final de las negociaciones, CGT Ensenyament, la Intersindical y la Coordinadora Obrera Sindical (COS) abandonaron la mesa de negociación al considerar que gran parte de sus reivindicaciones habían quedado fuera del pacto. Por este motivo, las tres organizaciones han hecho un llamamiento a los docentes a votar 'no' en la consulta. Más allá de la cuestión salarial, denuncian que el Departament no ha dado respuesta a una serie de demandas que consideran clave para mejorar las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.
Una de las principales críticas de los sindicatos que rechazan el preacuerdo hace referencia a las ratios en las aulas, una reivindicación histórica del profesorado para mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones de trabajo de los docentes. La CGT, la Intersindical y la COS consideran que el calendario pactado es demasiado lento y que no da respuesta a los problemas actuales de masificación. Desde la CGT lamentan que la reducción prevista sea “muy lenta y diferida” y remarcan que, en etapas como la secundaria, el bachillerato o la formación profesional (FP), los objetivos fijados no se alcanzarían hasta el curso 2031-2032. Por su parte, la Intersindical sostiene que el texto “no aborda de manera decidida la reducción de las ratios”.
Otro de los puntos que los sindicatos críticos consideran insuficiente es el currículum educativo. La Intersindical denuncia que el preacuerdo no aborda cambios de fondo en la fusión de materias científicas, la desaparición de la tercera hora de catalán en el bachillerato, el papel de la filosofía en esta etapa o los debates abiertos sobre los contenidos de la FP. El sindicato defiende que es necesaria “una revisión profunda de estos aspectos para garantizar una educación de calidad”. En la misma línea, la CGT lamenta que el texto pactado no introduzca modificaciones curriculares concretas y critica que la única medida prevista sea la creación de un espacio de consulta.
Insatisfechos con la cuestión salarial
Aunque el componente más mediático del preacuerdo es la mejora salarial, la CGT, la Intersindical y la COS tampoco comparten la lectura positiva que hacen el Departament y los sindicatos firmantes. El entendimiento prevé que el nuevo complemento de creación específica llegue a los 173 euros mensuales al cabo de cuatro años, una cifra que, sumada al incremento del complemento específico pactado en marzo con CCOO y UGT, permite al Govern hablar de un aumento acumulado de unos 400 euros brutos mensuales que se alcanzarán en 2029. Los sindicatos que defienden el 'no', sin embargo, consideran que la propuesta continúa dejando a los docentes expuestos a la "pérdida de poder adquisitivo". La principal crítica es la ausencia de una cláusula de revisión vinculada al IPC que garantice que los salarios evolucionen al mismo ritmo que el coste de la vida. "Sin cláusula del IPC, continuamos perdiendo poder adquisitivo durante los cuatro años del acuerdo", asegura la CGT.
Otra de las objeciones que plantean los sindicatos es que las mejoras acordadas se centran casi exclusivamente en el personal docente y dejan al margen otros colectivos que forman parte del sistema educativo. La CGT denuncia que trabajadores como el personal de administración y servicios (PAS), el personal de atención educativa (PAE), las educadoras de las escuelas infantiles o los profesionales vinculados al ocio "continúan sin mejoras relevantes". En términos similares se expresa la Intersindical, que lamenta que el preacuerdo tampoco dé respuesta a las reivindicaciones de los sectores que considera "más precarizados" y que han participado activamente en las movilizaciones de los últimos meses.
Los sindicatos también echan en falta compromisos en otros ámbitos, como el de reforzar el papel del catalán como lengua propia y vehicular del sistema educativo. Además, critican la creación de una comisión de seguimiento reservada a los sindicatos firmantes, que, a su entender, sustituye la negociación colectiva y excluye al resto de organizaciones del seguimiento de los compromisos adquiridos. También cuestionan el sistema de cátedras previsto en el acuerdo, ya que consideran que beneficia solo a una parte del profesorado de secundaria sin dar respuesta a las necesidades de la mayoría de los docentes.