Las explicaciones que el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha ofrecido ante el Senado sobre el dispositivo policial utilizado en el referéndum del 1-O no han convencido a los grupos independentistas ERC y PDeCAT. Tampoco a Unidos Podemos-En Comú Podem, ni a los vascos PNV y EH Bildu. La cuestión es que sólo el Partido Popular ha dado apoyo a las tesis de Zoido, ya que el PSOE también se ha mostrado especialmente duro por la gestión llevada a cabo desde el Gobierno, a pesar de recordar su negativa al referéndum y la independencia de Catalunya.

El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha cargado contra el argumento del ministro sobre que el Govern sería responsable "de soliviantar" las calles organizando la votación. "Los que defendían la actuación pacífica están en prisión o en el exilio; los que recetaron violencia, en sus despachos", ha asegurado Cleries. El portavoz independentista ha intentado demostrar así que la violencia no provenía de los votantes, culpando de ello al Estado. "No hubo ninguna incidencia el 9-N y sí 1.066 heridos el 1-O (...) ¿Por qué se usó espray irritante en Aiguaviva? (...) ¿Es consciente de que, si en lugar de la respuesta pacífica, hubiera habido otra, las consecuencias habrían sido mucho más graves que ahora?", ha increpado al titular ministerial. Incluso, el demócrata ha cargado contra la idea de que los Mossos no habrían hecho su trabajo porque "cerraron más escuelas sin ningún incidente" que la Policía o la Guardia Civil, argumentó.

Por el lado de ERC, el portavoz Xavier de Castellana ha basado la crítica en la escasez de respuesta ante el conflicto soberanista. "Su gobierno contesta con represión al anhelo de los catalanes para ejercer sus derechos", se ha vuelto el republicano sobre la celebración del referéndum. Este ha insistido sobre que los ciudadanos reunidos en los colegios no querían en ningún caso un enfrentamiento con los cuerpos policiales, en alusión indirecta a los "grupos organizados" que Zoido señalaba –y que el propio ministro ha dicho que ejercían una resistencia pacífica. "Miles de personas custodiaban la democracia el 1-O", ha respondido De Castellana. Finalmente, el republicano ha criticado la intervención policial y el "a por ellos": "Le llaman justicia, pero es venganza". Su compañera, la senadora de ERC Laura Castel incluso denunciaba –en calidad de testigo– que en Tarragona, después de retirar las urnas, "empezó la represión". 

La cuestión es que Joan Comorera d'En Comú tampoco ha validado la tesis sobre que el objetivo primordial debía ser el de impedir el referéndum –como el ministro ha repetido insistentemente, basándose en las resoluciones del Tribunal Constitucional y los autos judiciales. "El juez declaró ilegal la convocatoria, pero no que los ciudadanos fueran a las sedes electorales", ha recordado. La formación morada ha sido crítica con el Govern, si bien, recordando que la votación no tuvo validez posterior –sin perder un marcado tono punzante contra Zoido. "Que no era un referéndum legal lo teníamos todos claro, ¿pero de verdad hacía falta todo eso? (...) Su actuación fue un fracaso: no se pudo impedir el voto de más de 2 millones de personas", ha incidido.

Sobre la movilización de los cuerpos de seguridad, el senador del PNV Victoriano Gallastegui ha recordado una tesis que el diputado Mikel Legarda había explicado ante el Congreso, y es que el ministerio no estaría presuntamente autorizado para llevar a cabo el operativo. "Ustedes se saltaron la ley el 1-O. Tocaba que actuaran sólo los Mossos", ha indicado. La idea de fondo sería que los artículos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se usaron desde el Estado para justificar jurídicamente el desplazamiento a Catalunya no aplicarían para el Estatut de Catalunya actual. "Por lo tanto, no se puede apelar a ellos para cuestiones de orden público", dijo Legarda hace unos meses ante la cámara baja.

Igualmente duro se ha pronunciado el otro senador vasco, de EH Bildu, Jon Iñarritu, cuanto a las cargas policiales. "Tiene el dudoso honor de intentar parar una votación con palos", ha dicho Iñarritu enseñando titulares de medios extranjeros que criticaban la violencia del 1-O. El vasco ha buscado argumentar después con ejemplos que "la única violencia al proceso venía de las fuerzas del Estado", en palabras suyas. "En Calella hubo lluvia dorada. Algunos agentes orinaron sobre los vecinos (...) Hemos visto a un Guardia Civil que hizo pintadas contra el presidente legítimo en Lleida", ha expuesto. De esa manera, el portavoz de Bildu ha intentado liberar de responsabilidad a los soberanistas catalanes. "Habla usted de "radicales", mientras el 1-O se detuvieron sólo a 5 personas de entre más de 2 millones de votantes", ha increpado a Zoido.

Asimismo, el PSOE ha sido muy duro principalmente con el hecho de que no apareciesen las urnas, y también, con el resultado del operativo para impedir el referéndum. "El orden constitucional se podía defender de otra manera. El referéndum era ilegal e inconstitucional: los independentistas ya lo tenían perdido", ha considerado. "Hubo improvisación y falta de previsión. Por el bien del Estado de Derecho, no lo haga nunca más, Sr. Ministro, nunca más", ha pedido el portavoz socialista Francisco González.

El único que sí ha dado apoyo de forma sutil a las palabras del ministro ha sido el senador del Partido Popular, José Cruz Pérez, como era de esperar: "La actuación fue proporcionada (...) Se ha contestado a los independentistas pensando en lo mejor para Catalunya y algunos grupos actuaron muy violentamente (...) Las decisiones que se tomaron son las que esperaban los demócratas españoles", ha zanjado el popular.