Òmnium Cultural se ha reunido este viernes con la comisionada del Ús Social del Català del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú, y le ha exigido el compromiso del consistorio para poner fin a las "discriminaciones lingüísticas" y preservar los derechos. La entidad ha mostrado su preocupación ante las "frecuentes situaciones de discriminación lingüística" que asegura que se han denunciado públicamente en Barcelona en los últimos meses. Òmnium ha pedido que sean las instituciones públicas, con los mecanismos que disponen, las que se responsabilicen de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en torno a la lengua catalana en la ciudad. Entre estas medidas, ha señalado que se tendría que comunicar en los comercios sus derechos y deberes en el ámbito lingüístico y se tienen que rendir cuentas sobre como la administración repara las denuncias a través de un procedimiento transparente tanto para el ciudadano como para los comercios.

La entidad también ha mostrado su preocupación por el nivel de uso del catalán en la ciudad y ha pedido medidas urgentes para revertir la tendencia al descenso. Entre otros, quiere que no haya listas de espera a los cursos para aprender catalán cuando acabe el mandato y multiplicar los espacios de socialización de los jóvenes en catalán. Desde Òmnium se han comprometido a seguir ejerciendo presión a las instituciones, pero también a actuar para fortalecer el catalán en cada distrito de la ciudad, especialmente entre los jóvenes y los nuevos hablantes.

La defensa del uso del catalán

La petición de Òmnium llega después de la polémica con una heladería de Gràcia, que fue señalada por un caso de catalanofobia. Guillem Roma, conseller de ERC en el distrito de Gràcia, explicó en su cuenta de X que su pareja había sido discriminada por dirigirse en catalán "a un trabajador de la heladería Helados Dellaostia". Según relataba, el trabajador "la ha increpado con ganas de provocar" y le ha dicho que era "una maleducada" por hablar en catalán cuando "estábamos en el Reino de España".

A raíz de esta denuncia pública, varias entidades y partidos reclamaron a la administración que actúe ante los casos de discriminación lingüística en el comercio. Desde Plataforma per la Llengua, el presidente Òscar Escuder, reclamó la actuación de la administración. "Los ciudadanos tienen que ser más activos y utilizar la lengua, pero no los podemos obligar. A las administraciones sí que los tenemos que exigir que hagan cumplir la ley", en declaraciones en Catalunya Ràdio. En el caso de la heladería, señalaba que "las administraciones tienen una responsabilidad". Plataforma per la Llengua hizo en abril una campaña de recogida de situaciones como esta al comercio y en 15 días recogió más de 450 casos.

Por su parte, la CUP también denunció la "inacción" del Govern ante las discriminaciones lingüísticas, después de casos polémicos como el de la heladería de Gràcia. Hace unos días, la diputada Pilar Castillejo criticó que la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, afirmara que "no comparte actuaciones de fuerza", en referencia al boicot a la heladería. "Ahora mismo es la gente organizada quien está garantizando nuestros derechos lingüísticos, y no una administración que mira hacia otro lado", denunció.