El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciado este viernes que el Estado inicia una segunda ola de juicios políticos contra independentistas. Cuixart ha cifrado en 3.301 las personas "represaliadas" y 115 causas judiciales abiertas por "motivos políticos" desde 2017.

El líder de Omnium ha reivindicado la amnistía de todos los represaliados y ha destacado que la única vía para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado es el fin de la represión e impulsar una respuesta global a la macrocausa contra el independentismo. "Ni reformas parciales del Código Penal, ni mucho menos indultos. El único común denominador es la amnistía", ha asegurado.

Juicios políticos

"La represión del Estado tiene nombres y apellidos, hombres y mujeres comprometidos con el ejercicio de derechos fundamentales, y desde Òmnium no permitiremos que nadie quede invisibilizado", ha afirmado Cuixart. "El Estado está intentando convertir todos estos juicios, que son políticos, en juicios de faltas, actos de desobediencia o multas," y ha remarcado que, lejos, de eso, "estos juicios cumplen todas las características de un juicio político".

 

El presidente de Òmnium también ha denunciado que hoy más que nunca sigue vigente la amenaza del "mañana puedes ser tú". Como ejemplo ha puesto el caso del joven de Sants detenido durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, que hoy ha quedado en libertad después de pasar unos días en la prisión, eso sin con una medida cautelar que le impide ejercer el derecho a manifestación.

ÒmniumSeis represaliados han participado en el acto de denuncia de Òmnium / OC

Seis represaliados

Acompañaban Cuixart en representación de los represaliados seis personas que en los próximos meses tienen que afrontar causas judiciales, como Josep Maria Jové, exsecretario general de la vicepresidencia y de Economía y Hacienda, detenido el 20-S, y procesado por desobediencia, prevaricación, malversación, revelación de secretos y participación en el 1-O. Jové ha asegurado que afrontará su juicio "para denunciar una causa general contra el independentismo", y ha afirmado que les están aplicando el derecho penal del enemigo.

Por su parte, Marta Garsaball, miembro de la junta de Òmnium y directora de Servicios del Departamento de Acción Exterior ha afianzado la naturaleza política de su causa, que se encuentra en el juzgado de instrucción número13, en que hay una treintena de personas procesadas más. Tània Verge, politóloga, se enfrentará a partir del martes que viene al juicio donde se le acusa de desobediencia y usurpación de la función pública para ser miembro de la Sindicatura electoral del 1 de Octubre, y Josep Lluís Alay, profesor de Historia de la Universidad de Barcelona, también se han sumado al acto de denuncia de Òmnium.

Perseguir las movilizaciones

Esther Garcia, miembro del CDR Mollet, ha explicado su participación activa en movilizaciones, ejerciendo el derecho a protesta, y ha denunciado que la investigan a ella, pero también a 12 personas más, que ni siquiera se conocen. Ylènia Morros, periodista y concejala en Navarcles, e investigada por el corte|trozo de Tsunami Democràtic en la Jonquera, ha explicado como tanto a ella como a las más de 200 personas investigadas por el mismo corte|trozo, se le está vulnerando constantemente el derecho a la manifestación.

La abogada, Laia Serra, especializada en derechos humanos y derechos fundamentales, ha evidenciado el componente político de todas estas causas. "Hace tiempo que vamos señalando que hay un patrón de conducta por parte del Estado en que vemos sistemáticamente cómo hay peticiones de prisión provisional y castración de derechos civiles", ha afirmado. Una verdadera "doble vara de medir" por parte de los poderes del Estado, que sólo refuerza el convencimiento de que se trata de causas políticas que vulneran derechos y libertades fundamentales.

 

Imagen principal, Jordi Cuixart ha denunciado una segunda ola|oleada de juicios políticos / OC