En un marzo caracterizado por las huelgas del sector educativo, la CUP ha decidido mover ficha ante "el inmovilismo de la Generalitat", y ha decidido presentar una proposición de ley para blindar la inmersión lingüística. El documento, consultado por ElNacional.cat, propone un cambio en el artículo 14 de la Ley de educación de 2019, proponiendo que el catalán sea la única lengua vehicular de aprendizaje. La formación anticapitalista ha presentado esta propuesta el mismo día en que miles de personas han salido en la calle para dejar bien claro que en Catalunya no existe la intención de aplicar la sentencia del 25% impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que provoca una injerencia de los tribunales sobre el sistema educativo catalán y con nefastas consecuencias hacia la inmersión lingüística y la salud de la lengua.
Actualmente la ley 12/2009 del 10 de julio de educación contempla en el citado artículo que "el proyecto lingüístico tiene que incluir los aspectos relativos al enseñamiento y al uso de las lenguas en el centro, entre los cuales tiene que estar en todo caso el tratamiento del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje". El matiz que propone modificar a la CUP es que sea "única lengua vehicular". Además, los anticapitalistas añaden también un nuevo punto, consistente en que el proyecto lingüístico tiene que incorporar la garantía "del principio de igualdad y no discriminación por razón de proyecto lingüístico entre centros educativos".
Consenso de la comunidad educativa
Después de haber registrado esta proposición de ley, los anticapitalistas han compartido un comunicado donde critican que la Generalitat haya dejado solas las direcciones de los centros haciendo frente al ataque de la sentencia del 25%: "Ante el éxito de la huelga y las protestas de la comunidad educativa hoy, la formación anticapitalista ha entrado a registro una proposición de ley que blinda la inmersión lingüística y afirma el catalán como en única lengua vehicular", apunta la candidatura, que asegura que la propuesta cuenta con el consenso de la comunidad educativa y que ha sido trasladada a una mayoría sindical del ámbito educativo.
Los anticapitalistas argumentan que las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC que instan al departamento de Educación a implementar un mínimo del 25% de las clases en castellano vulneran la normativa vigente en materia lingüística y educativa, y ponen en peligro la inmersión. La formación añade que hay que impulsar una política lingüística que ayude a normalizar el catalán y facilite el aprendizaje de la lengua catalana a todo el alumnado y garantice el cumplimiento de la immersión, delante de la actual situación d'emergencia.