El 1-O marcó un antes y un después en las movilizaciones ciudadanas. A raíz de la actuación policial de aquel día se activaron toda una serie de colectivos para asistir sobre el terreno a los manifestantes, no sólo a nivel médico, como en el caso de los Sanitarios por la República, sino también para protegerlos en caso de vulneraciones de derechos humanos. Esta última es la tarea que desarrolla la plataforma Somos Defensoras, que impulsan Irídia y Novact, en colaboración con otras entidades como la Federación de Organizaciones para la Justicia Global, el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos o IACTA. Este miércoles volverán a la calle, para el Tsunami del clásico.

Cuando hay convocatorias señaladas en rojo por el elevado riesgo de tensión que comportan —como fue la protesta contra el consejo de ministros que se celebró en Barcelona el 21-D del año pasado o con las calles en ebullición los días postsentencia—, Somos Defensoras organiza su propio dispositivo, para supervisar y reseñar agresiones policiales, detenciones y retenciones abusivas, coacciones e intimidaciones y, en general, conductas abusivas de los agentes de seguridad. La monitorización se hace coordinando al equipo central —ubicado fuera de la zona de la concentración— con los escuadrones sobre el terreno. Funcionan en grupos de tres personas, que se comunican entre ellos y con la central a través de un grupo de Telegram, el Búnquer.

Todos van identificados con un chaleco amarillo y una acreditación, y la organización comunica siempre previamente su presencia al equipo de mediación de los Mossos d'Esquadra. Antes de pisar la calle, cada uno de ellos ha recibido una formación previa que recoge y sintetiza el Protocolo de observación de vulneraciones de derechos en contexto de protesta. El manual fija las pautas de actuación que deben obedecer los observadores e incorpora recomendaciones e información para que tengan claro hasta dónde puede llegar la policía.

La policía no puede obligar a borrar una grabación

Entre los consejos básicos, se les recuerda que "ser observador implica un grado mayor de responsabilidad que ser manifestante" y se les advierte de que deben regirse por la imparcialidad y la no participación. Es decir, que no pueden intervenir, ni intermediar, ni interactuar" en el momento de una vulneración. También se les avisa de que a pesar de ir identificados, no están exentos de poder ser retenidos o detenidos por la policía, y se les detallan sus derechos en estos casos. A partir de esta premisa básica, se suceden las directrices pertinentes. La principal: nunca interponerse en medio de una actuación policial, pero sí grabar y fotografiar todo aquello que presencien. En este sentido, el documento añade que las fuerzas policiales no pueden en ningún caso prohibir que se les grabe u obligar a borrar un material grabado.

En paralelo a esta tarea de documentación, hay otra esencial, que es recopilar todos los datos posibles referentes a las matrículas y los números de los vehículos policiales, la ubicación de las posibles cámaras de seguridad del entorno —de comercios o de entidades bancarias—, así como detectar si otras personas presentes han grabado material que pueda servir para una posterior denuncia o asistencia jurídica. Con todo se les recomienda huir de la rumorología y priorizar la calidad del material recogido a la cantidad.

Documentar todos los abusos

El protocolo establece también unas indicaciones sobre cómo asistir a las personas que hayan sufrido vulneración de derechos. Así, por ejemplo, se establece la necesidad de hacerles compañía hasta que lleguen los equipos de atención médica, o acompañarles a un punto de sanitarios. Si están heridos, se les recomendará hacerse fotografías para que quede constancia, así como ir a un centro de atención para obtener un informe médico.

También se proponen frases y expresiones para calmar los ánimos, como por ejemplo "no estás solo" o "es normal que te sientas así", y se descarta el uso de otras como "cálmate" o "ya pasará". Otro de los consejos pasa por proteger a los afectados de los medios de comunicación. Una vez con ellos, se les pedirán los datos, para poder hacer un seguimiento posterior, para acompañarlos jurídicamente y psicosocialmente. Y para proceder a compilar todo el material obtenido para hacer una denuncia pública posterior.