Tenía una fuerte contestación del mundo local. Una contestación transversal, que iba de la oposición de la derecha hasta los socios de la investidura, pasando por la misma Unidas Podemos. Así se ha plasmado este jueves en el Congreso de los Diputados, que ha tumbado el decreto que regula los remanentes acumulados de los ayuntamientos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Los de Pablo Iglesias han intentado hasta el último minuto modificaciones de la norma, que confisca el dinero a los ayuntamientos para racionalizarlo. Ayer incluso la alcadessa Ada Colau se desplazó a la cámara baja para negociar. Pero todo eso ha sido en vano. El inmovilismo de la ministra María Jesús Montero lo ha hecho decaer. Es la primera derrota parlamentaria del gobierno de coalición.

Los números son los que son: el PSOE y Unidas Podemos se han quedado solos votando a favor. Aparte del PP y Vox, que tenían más claro el no, también han votado en contra otras formaciones como ERC, JxCat, la CUP, el PNV, EH Bildu, Ciudadanos, Más País o Compromís. La votación ha acabado con un gran aplauso.

De nada ha servido que el Gobierno haya ofrecido tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos hagan sus enmiendas. Tampoco ha servido el acuerdo in extremis de los comunes, que han conseguido del Ministerio de Hacienda la creación de un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones de euros a fondo perdido, que saldrían de los 5.000 millones previstos para 2020 y 2021. Se repartirían por criterios poblacionales y sin necesidad de ceder antes los remanentes.

Ya antes de entrar en el hemiciclo, esta mañana, miembros del ejecutivo admitían que el decreto de remanentes no saldría adelante. "Hemos negociado hasta el último minuto, pero ya no podemos ofrecer nada más", aseguraban. Criticaban que, a pesar de las quejas, nadie les había hecho llegar un texto alternativo.

Préstamo al Estado

Desde el Ministerio argumentan que la legislación vigente impide que los ayuntamientos puedan utilizar con carácter general sus remanentes de tesorería. Ante esta situación, la ministra Maria Jesús Montero propuso que los ayuntamientos hicieran voluntariamente un préstamo al Estado por el total de sus remanentes, y sería el mismo Estado quien les devolvería este dinero a través de un ingreso no financiero. Los ayuntamientos recibirían 2.000 millones de euros en el 2020 y 3.000 millones de euros en el 2021, hecho que supondría tan sólo el 35% del total de los superávits acumulados por los consistorios españoles. El importe restante sería devuelto en un plazo de diez años.

Montero lo defiende

A la ministra de Hacienda le ha tocado defender el decreto delante de la cámara, a pesar de ser consciente de que no le salían los números. María Jesús Montero ha dicho haber sido "plenamente respetuosa con la autonomía" del mundo local y que es "la única alternativa viable" teniendo en cuenta los límites de la ley de estabilidad presupuestaria. Ante las acusaciones de "confiscación", ha subrayado que es un "mecanismo voluntario" y que "el Gobierno en ningún caso necesita el dinero de los ayuntamientos". Poner los remanentes a disposición de los ayuntamientos, ha sostenido, "es un intento de ayuda por parte de este ejecutivo". Ha hecho un último intento desesperado: "Ahora es el momento. No habrá una segunda oportunidad".

¿Nuevo decreto?

Tras el debate, cuando ni siquiera se había votado el decreto, Montero ha comparecido ante la prensa para admitir la derrota, pero responsabilizar a todos los demás. "Hoy los grandes perdedores son los ayuntamientos de España", ha advertido la ministra de Hacienda. Ha defendido que su propuesta estaba consensuada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ahora, ha dicho, corresponde al resto de grupos presentar una propuesta alternativa para ser debatida. "Estudiaremos cualquier propuesta", ha dicho.

Alcaldes catalanes en Madrid

Alcaldes catalanes se han acercado este jueves hasta el Congreso. Al finalizar el debate, Carles Pellicer, alcalde de Reus por el PDeCAT, ha reclamado un "nuevo decreto urgente" para regular los remanentes. "Necesitamos ayuda. No es un tema político", ha asegurado Pellicer. Por su parte, Miquel Pueyo, alcalde de Lleida por ERC, también ha reclamado a la ministra de Hacienda presente un nuevo decreto que satisfaga a todos los ayuntamientos. El alcalde de Lleida quiere que los 5.000 millones se repartan con "criterios objetivos". Según ha asegurado, el acuerdo in extremis con los comunes demuestra que es posible.