La consellera de Presidència, Neus Munté, ha dejado claro que los funcionarios, como el resto de ciudadanos, están "obligados a cumplir las leyes vigentes en todo momento". Esta ha sido la respuesta del Govern por la polémica provocada por las palabras de Lluís Llach sobre sanciones contra los funcionarios que no acaten la ley de desconexión.
"No es una cuestión sobre los funcionarios, sino sobre el marco jurídico. El Govern quiere ser garante de la seguridad jurídica", ha advertido.
Con todo, la consellera ha evitado hablar de sanciones porque, según ha asegurado, no se plantea un escenario de desobediencias de esta ley y ha subrayado que las consecuencias del proceso las asumen los políticos. Además, ha asegurado que el Govern garantizará "tráfico entre una legalidad y la otra".
Sobre las polémicas declaraciones del expresidente español, José Rodríguez Zapatero, donde aseguraba que veía "prejuicios" en Catalunya hacia Susana Díaz por ser mujer y andaluza. En este sentido, Munté ha asegurado que "este es un país que ha tenido durante 7 años un presidente de origen andaluz" y una jefa de la oposición, Inés Arrimadas, de origen andaluz.
Además, ha recordado que Zapatero "acostumbra a decir una cosa y creer otra" y ha recordado lo que pasó con el Estatut, que el expresidente prometió que apoyaría el texto saliente del Parlament de Catalunya, y que finalmente no fue así.