Este miércoles ha muerto Antònia Beltran, madre del rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc y que se encuentra exiliado en Bélgica. Según ha podido saber VilaWeb, Antònia Beltran ha muerto en el Hospital de Son Espases de Palma (Mallorca).

Justamente este miércoles, el rapero había publicado su último trabajo 'Descansi En Pau' con que se despide de su alter ego musical. A través de Instagram, Valtònyc ha querido dedicar su último àlbum "a todas las madres del mundo".

El presidente de la Generalitat inhabilitado, Quim Torra, ha hecho llegar sus condolencias en Arenas a través de un tuit en Twitter. "A la injusticia diaria de los exiliados por la represión del Estado español, se añade la dureza de la vida misma y la pérdida de seres queridos en la distancia", ha escrito Torra.

La situación de Valtònyc desde el exilio

El rapero Valtònyc se encuentra actualmente exiliado en Bélgica, desde donde sigue recibiendo procesos judiciales por sus letras y reivindicaciones. El 14 de diciembre, un juez de Estepa (Sevilla) ordenó la apertura de juicio al cantante mallorquín, acusado de un delito de odio por instar, según la acusación, a atentar contra agentes de la Guardia Civil durante un concierto el año 2018.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Estepa ha pedido a las partes en la causa, la Fiscalía y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que presenten sus escritos de acusación. Valtònyc se encuentra pendiente de que la justicia belga resuelva la orden de extradición dictada por España después de que el rapero se exiliara en Bélgica en junio del 2018 para evitar las condenas de dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, y de un año y medio más por injurias a la corona, delitos que se habrían cometido entre 2012 y 2013. La vista para la extradición no se celebrará hasta mayo que viene.

Denunciado por un delito de odio contra la Guardia Civil

Valtònyc fue denunciado por el AUGC por un delito de odio a la Guardia Civil por las manifestaciones que hizo durante un concierto en marzo del 2018 en Marinaleda (Sevilla), donde, según la denuncia, instó a los asistentes a matar guardias civiles con estas palabras: "Matad a un puto guardia civil esta noche, id a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a otro, poned una puta bomba al fiscal de una vez".

La acusación particular sostiene que estas manifestaciones no se pueden entender dentro de la libertad expresión, sino que hay una intencionalidad dirigida a un numeroso grupo de personas, "con el riesgo de que la puedan llevar a cabo".