El Estado sigue ahogando los planes del independentismo en el Parlament. Las amenazas habían llegado por tierra mar y aire. Este viernes, el Consejo de Ministros ha decidido pulsar el botón para iniciar los trámites para perseguir al presidente Roger Torrent y al resto de miembros de la Mesa que esta semana y la pasada han votado a favor de tramitar dos iniciativas parlamentarias que reiteran el derecho de autodeterminación y la reprobación de la monarquía. Una, conjunta de los tres grupos independentistas; la otra, sólo de la CUP.

En nombre del gobierno Sánchez, la vicepresidenta española en funciones, Carmen Calvo, ha recordado que todos ellos estaban advertidos de su obligación de parar cualquier iniciativa que siguiera el camino de otras resoluciones suspendidas anteriormente y relacionadas con la autodeterminación o la monarquía. Moncloa solicita al TC que tome medidas "si considera que se han desautorizado sus advertencias". Lo hace después de que Torrent y los otros representantes independentistas de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, votaran a favor de sacar adelante de un lado la propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP que se reafirma en la autodeterminación y el rechazo a la monarquía y, del otro, la moción de la CUP que expresa la voluntad de ejercer de forma concreta la autodeterminación.

Desde el ejecutivo español en funciones, que inicialmente anunció que no movería ficha hasta que se aprobaran dichas iniciativas parlamentarias, apuntan ahora que se pueden haber cometido "delitos". Por ello invitan el Constitucional a que, si es el caso, acuda a la fiscalía. "Pedimos que considere si se ha traspasado esta línea, si se ha desautorizado la advertencia que él mismo hizo y que se dirija al ministerio fiscal para las consecuencias que pueda haber", ha afirmado Calvo. En este caso, el delito al que apunta sería el de desobediencia. 

Ya la semana pasada, justo después de haber aceptado la tramitación del texto unitario que JxCat, ERC y la CUP sudaron para poder consensuar, Roger Torrent protagonizó una rueda de prensa para dejar claro al TC que se asumirían las posibles consecuencias penales derivadas de dicha acción.