Por una parte, el Gobierno se lava las manos y asegura que no solicitará la ejecución de la sentencia que ataca la inmersión lingüística y obliga a un 25% de las clases en castellano. Por otra parte, sin embargo, el mismo Estado señala el camino a la Generalitat: la sentencia es firme y se tiene que cumplir. En estos términos se ha pronunciado, este jueves, la ministra de Educación, Pilar Alegría, desde el Congreso de los Diputados. Todo esto aunque la sentencia tenía que ver con una ley educativa, la Ley Wert, que ya no está en vigor, después de que fuera sustituida por la Ley Celaá.

En una breve atención a los medios en los pasillos del Congreso, la ministra de Educación no se ha extendido mucho, asegurando que ya dará "todas las explicaciones" en el lugar oportuno, pero sí que ha sido clara en un aspecto: "Ante una cuestión como esta, ante una sentencia firme, no cabe debate. Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública". IYPilar Alegría ha insistido en esta idea: "Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, todos estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes".

En los mismos términos se pronunció este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, que recordó a la Generalitat que la resolución "se tiene que ejecutar porque es firme", en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3. "Los procedimientos de ejecución tienen sus fases, hay que esperar ver cómo se van resolviendo; la resolución del Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ahora hay que ejecutar esta sentencia, porque es firme, y corresponde al mismo órgano sentenciador darle el impulso," justificó la titular de Justicia. Mientras tanto, la derecha españolista apuesta incluso por un "155 educativo", como señalaron ayer Pablo Casado y Inés Arrimadas.

Aragonès exige que defiendan la inmersión

En cambio, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al Gobierno que se "comprometa" a defender la inmersión lingüística en Catalunya. Al día siguiente que el Tribunal Supremo torpedeara los cimientos de la escuela en catalán, Aragonès reiteró que la escuela catalana "no se puede poner en cuestión". Desde Palma, el presidente avisó al ejecutivo de Pedro Sánchez que no puede ser cómplice del posible retroceso. "Es imprescindible que el Estado salga en una clara defensa del modelo lingüístico y se comprometa a apoyar al amplio consenso que hay a Catalunya", insistió.

Sintomático o no, ayer los socialistas se ausentaron de la reunión de los grupos defensores de la inmersión con el conseller Josep González Cambray. Los comunes sí que fueron.

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